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Desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Poder Judicial y la Asociación de Fiscales sostienen que la reforma impulsada por el gobierno es inconstitucional.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, junto a la Asociación de Fiscales emitieron un comunicado en el que reclaman la participación de ambas instituciones en la discusión del proyecto del gobierno nacional para reformar el régimen especial de Jubilaciones del Poder Judicial. Según dicen, la iniciativa viola fallos ya dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la intangilidad de la remuneración de los jueces.
El proyecto enviado al Congreso Nacional, para ser tratado en extraordinarias, propone un incremento de cinco años en la edad jubilatoria de mujeres y varones del poder judicial, diferenciándolo del régimen general. Asimismo se excluyen de los beneficiarios del régimen especial de jubilaciones a todo cargo que no sea “letrado” y se elimina el cargo de “prosecretario administrativo”; se impone tener 20 años de antigüedad en la carrera judicial además de 10 en el ejercicio del cargo; estas son tan solo algunos de los puntos que rechazan los profesionales.
En este marco, las Asociaciones fueron una de los tantos organismos que protestaron por este proyecto que impulsan desde el ejecutivo nacional luego de haber anunciado un incremento a los jubilados que perciben el haber mínimo y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.
“Ninguna actividad se encuentra regida por un sistema de incompatibilidad tan escrito como el de nuestros magistrados y funcionarios”, aseguraron los letrados que dicen tener razones suficientes para ser “conscientes de los graves efectos que provocaría para el normal desempeño del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, y por ende el perjuicio a la sociedad” por dicho proyecto.
“Quienes integramos el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos Nacionales no desconocemos la difícil y delicada situación económica que atraviesa el país, y que demanda especial cuidado en la gestión de las cuentas públicas”.
Según referenciaron a los fallos de la Corte Suprema, “este Tribunal viene recordando que la intangibilidad de la remuneración de los jueces ha sido establecida no por razón de la persona de los magistrados, sino en mira a la institución del Poder Judicial de la Nación, a la que los constituyentes han querido liberar de toda presión por parte de los otros poderes, para preservar su absoluta independencia”.
“Sentados estos principios, debemos señalar que la función que desempeñamos presenta una naturaleza propia con características y exigencias específicas muy diferentes de las restantes responsabilidades estatales, en tanto miembros de órganos constitucionales independientes. Ninguna actividad se encuentra regida por un sistema de incompatibilidades tan estricto como el de nuestros magistrados y funcionarios”, agregaron las entidades.
“Por todas estas razones, conscientes de los graves efectos que provocaría para el normal desempeño del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, y por ende el perjuicio a la sociedad, reclamamos la participación de las Instituciones representativas en la discusión del Proyecto, y la necesaria intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de todos los órganos cabeza de poder involucrados”, concluyeron.
