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El gobierno de Javier Milei avanza en su política de desregulación de mercados aún en ámbitos sensibles para la población como es el de los medicamentos, esta vez con la promesa de favorecer una reducción del costo, aunque suprimiendo controles de calidad y seguridad.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció a través de su cuenta en la red social X que las provincias podrán importar medicamentos sin requerir autorización del gobierno nacional. Esta medida busca reducir los costos de los fármacos y otorgar mayor libertad a las jurisdicciones provinciales en la compra y comercialización de insumos médicos, pero las somete a la necesidad de establecer mecanismos de control que históricamente realizó el Estado Nacional.
Sturzenegger subrayó que el precio de los medicamentos en Argentina se ha duplicado desde 2016, lo que ha afectado negativamente el acceso de la población a los tratamientos médicos. LLamativamente el aumento desmedido comenzó durante el gobierno de Mauricio Macri, del que el actual funcionario también formó parte, y tuvo que ver con una liberación total de precios que favoreció a las grandes empresas farmacéuticas.
Según el ministro, la actual adherencia a los tratamientos no supera el 30%, una cifra alarmante que refleja el impacto del encarecimiento de los medicamentos en el país. Frente a esta situación, Sturzenegger aseguró que “la reducción del precio de los medicamentos es un objetivo claro” de su cartera, aunque no explicó como deberían funcionar los controles.
Si bien esta medida promete reducir el costo de los medicamentos, también ha generado preocupación entre especialistas y organismos de control. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que tiene como función garantizar la seguridad y calidad de los medicamentos en Argentina, se ve directamente afectada por esta desregulación. El rol de la ANMAT es crucial para evitar la circulación de productos que no cumplan con los estándares de confiabilidad, y su exclusión de este proceso podría generar riesgos para la salud pública.
