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En una medida que ha generado controversia, el Gobierno de Javier Milei disolvió el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), eliminando además el Registro Nacional de Conciliadores y el Fondo de Financiamiento destinado a solventar honorarios y notificaciones. La decisión, publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el decreto 55/2025, establece que las tareas de intervenir en reclamos de derechos individuales de consumidores o usuarios –siempre que el conflicto no supere el valor equivalente a 55 salarios mínimos vitales y móviles– dejan de tener efecto.
Según el decreto, los expedientes en curso, iniciados conforme a lo dispuesto por la Ley N° 26.993 y sus modificaciones, continuarán siendo tramitados por la Secretaría de Industria y Comercio. Sin embargo, para muchos sectores, esta medida representa un serio retroceso en el acceso a la justicia y en la resolución pacífica de los conflictos en el ámbito del consumo.
El anuncio de la disolución de la COPREC ya había generado revuelo a mediados del año pasado, cuando el Colegio de Abogados de CABA alertó sobre el impacto negativo que una eventual modificación podría tener sobre los abogados conciliadores independientes. “Cualquier iniciativa de esa naturaleza afecta de forma directa a nuestros colegas y, por ende, a los consumidores, al limitar su acceso a una vía alternativa de solución de conflictos”, advertía un comunicado del Colegio.
Ricardo Gil Lavedra, titular del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, expresó su preocupación y rechazo ante la medida:
“La decisión perjudica los derechos de los usuarios y consumidores y podría afectar de forma directa a los abogados y abogadas que trabajan de manera independiente en cuestiones de consumo. Limita y cercena el ejercicio profesional en un ámbito que contribuye al acceso a la justicia y a la resolución pacífica de conflictos entre consumidores y proveedores.”
El Gobierno, en defensa de su decisión, argumenta que se trata de un paso necesario para ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y garantizar que los recursos se dirijan a quienes realmente lo necesitan. En declaraciones oficiales, funcionarios encabezados por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía y Justicia, Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona, respectivamente, señalaron que la medida no afectará los derechos de los consumidores, ya que las normas vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las Provincias seguirán garantizando la protección de los mismos.
Asimismo, la eliminación del Registro Nacional de Conciliadores –creado a partir del artículo 4° de la Ley N° 26.993– y del Fondo de Financiamiento (previsto en el artículo 20 de la misma ley) responde a la existencia de organismos con funciones y atribuciones superpuestas en distintas jurisdicciones. Desde el Ejecutivo se señaló que estas duplicidades han generado, en numerosos casos, incrementos en los costos para los proveedores, lo que se traduce en un encarecimiento de los precios para los consumidores.
Ante este escenario, representantes del ámbito jurídico insisten en la necesidad de articular políticas coordinadas con las jurisdicciones pertinentes para preservar el trabajo de los conciliadores y evitar perjuicios a su labor profesional. El excamarista que juzgó a los comandantes de la última dictadura militar hizo un llamado a las autoridades competentes, instando a que se garantice el valioso aporte de los profesionales de la conciliación prejudicial de consumo, esenciales para una justicia más accesible y equitativa.
La polémica medida se suma a un conjunto de acciones del Gobierno que buscan optimizar el gasto público, aunque no dejan de suscitar inquietudes entre quienes consideran que la eliminación de la COPREC y sus instrumentos asociados representa un retroceso en el derecho de los ciudadanos a una justicia pronta y eficaz.
