Mundo Profesional
El proyecto de ley presentado por la diputada nacional Marcela Pagano, que propone la desregulación del ejercicio profesional y la creación de un Registro Nacional Único, ha despertado un rechazo generalizado por parte de colegios y consejos profesionales de todo el país. Las objeciones no solo se centran en las consecuencias prácticas que la iniciativa podría tener sobre la salud, la seguridad y la calidad de los servicios brindados a la sociedad, sino también en su evidente contradicción con principios constitucionales y normativas vigentes.
Uno de los principales puntos de conflicto del proyecto es su carácter abiertamente inconstitucional. La iniciativa pretende centralizar en un ente nacional, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la habilitación para el ejercicio profesional en todo el país. Sin embargo, el artículo 121 de la Constitución Nacional establece que las provincias conservan todas las facultades no delegadas al Estado Nacional, entre ellas, la de regular y controlar el ejercicio de las profesiones en sus respectivas jurisdicciones.
“La regulación profesional es competencia exclusiva de las provincias. Cualquier intento por legislar en ese sentido desde el Congreso nacional viola el federalismo argentino”, advirtieron desde el Colegio de Martilleros de La Plata.
Los colegios y consejos profesionales no son meras entidades burocráticas. Son instituciones de derecho público no estatal, creadas por ley, con funciones delegadas por el Estado para proteger a la sociedad. Su rol es fundamental para:
- Verificar que las personas que ejercen una profesión cuenten con formación académica reconocida.
- Garantizar la idoneidad técnica y ética de los profesionales mediante la matriculación, el control disciplinario y la capacitación continua.
- Defender las incumbencias profesionales, es decir, las competencias que aseguran que cada profesional actúe dentro del marco de su formación específica.
- Brindar un canal de denuncia y sanción ante prácticas indebidas o daños ocasionados por el mal ejercicio profesional.
Eliminar estos organismos o quitarles sus funciones implicaría desfinanciar los mecanismos de control y supervisión profesional, dejando un vacío institucional que el Estado no podría cubrir por sí solo.
El proyecto de Pagano también desatiende el impacto que tendría la desregulación sobre la salud, la educación, la ingeniería, el derecho, la arquitectura, la terapia ocupacional, entre muchas otras disciplinas. Permitir que personas no matriculadas, sin formación adecuada o sin las incumbencias requeridas ejerzan actividades profesionales abre la puerta al fraude, al intrusismo y a daños irreparables para la ciudadanía.
Desde el Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires, su presidenta Claudia Spidalieri fue contundente: “La terapia ocupacional no puede ser ejercida por quienes no cuentan con la formación y las incumbencias establecidas por ley. Lo que está en juego es la seguridad de las personas usuarias de nuestros servicios”.
En el ámbito inmobiliario, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Córdoba también advirtió que la desregulación podría facilitar estafas y fraudes: “No podemos permitir que personas sin formación habilitante intervengan en operaciones de alto valor económico. La matrícula y la colegiación son sinónimos de seguridad jurídica”.
Lejos de fomentar la eficiencia o la libertad, como postula su fundamentación, la iniciativa de Pagano representa un retroceso institucional. Socava el sistema federal, debilita la calidad de los servicios profesionales y elimina las herramientas que protegen tanto a los profesionales como a los ciudadanos.
La creciente ola de repudios en todo el país —desde colegios de abogados, ingenieros, terapistas ocupacionales, sociólogos y martilleros— deja en claro que este proyecto no solo carece de viabilidad legal y técnica, sino que desconoce por completo la función social de las profesiones y de los organismos que las regulan.
El sistema profesional argentino, sostenido por décadas de formación, regulación y control, es una garantía de calidad, ética y responsabilidad. Su desmantelamiento no es sinónimo de libertad, sino de desprotección.
