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El escándalo sanitario por la distribución de fentanilo contaminado en hospitales de varias provincias argentinas dejó al descubierto las falencias en los mecanismos de control de medicamentos. Hasta el momento, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 66 casos bajo análisis, de los cuales 54 ya fueron diagnosticados como positivos tras la administración del fármaco fabricado por el laboratorio HLB Pharma Group S.A.
La situación, que motivó el retiro urgente de todas las partidas del medicamento y una investigación judicial en curso, contrasta fuertemente con el rumbo que impulsa el gobierno de Javier Milei en materia sanitaria. La denominada “Ley Bases”, contempla la desregulación de autorizaciones nacionales para medicamentos y alimentos que cuenten con aprobación de agencias extranjeras, como la FDA (Estados Unidos) o la EMA (Unión Europea), evitando las auditorías nacionales.
El caso del fentanilo contaminado no es un episodio aislado, sino una advertencia en tiempo real sobre lo que puede ocurrir cuando se debilitan o eliminan los controles locales. De acuerdo al Boletín Epidemiológico Nacional N° 756, los pacientes afectados se encontraban hospitalizados por otras causas y recibieron el fármaco dentro de tratamientos médicos estándar. Sin embargo, se detectaron bacterias peligrosas —como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia spp.— en algunas de las ampollas, lo que generó una alerta sanitaria y encendió las alarmas en el sistema de salud.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), uno de los organismos que el Gobierno busca recortar en sus funciones, fue clave para identificar y frenar el avance del fentanilo contaminado. Tras auditorías e inspecciones, se revelaron graves irregularidades en la producción del laboratorio: falta de trazabilidad, controles deficientes y fallos en la calidad del proceso de manufactura.
¿Qué implica desregular?
El proyecto del Ejecutivo propone, entre otras cosas, que medicamentos aprobados por ciertos organismos regulatorios del exterior puedan ser comercializados en el país sin necesidad de una evaluación técnica por parte de la ANMAT. En teoría, esta medida apunta a “agilizar” procesos y reducir “burocracia”; sin embargo, expertos del ámbito de la salud advierten que esto dejaría a la población sin la protección esencial que ofrecen los controles locales.
La supervisión nacional no se limita a evaluar fórmulas químicas: también verifica condiciones específicas de producción, distribución, almacenamiento y lote por lote, según los estándares argentinos. Permitir el ingreso de productos por “ventanilla automática” sin esa verificación, implicaría correr un riesgo sanitario mayúsculo.
Un modelo que pone en riesgo a todos
El episodio del fentanilo deja claro que incluso con controles activos, pueden producirse fallas. La respuesta del sistema fue posible gracias a la existencia de protocolos nacionales de trazabilidad y vigilancia epidemiológica. Dejar esas funciones libradas al mercado, como pretende el modelo desregulador que promueve el Gobierno, implica desproteger a toda la sociedad, no solo a quienes consumen medicamentos de alta complejidad.
La salud pública requiere más regulación, no menos. Y este escándalo, que hoy tiene a decenas de pacientes bajo observación y a dos laboratorios investigados por la Justicia, demuestra que los controles nacionales no son un obstáculo, sino una garantía.
