Mundo Profesional
Las recientes inundaciones que afectaron a los municipios bonaerenses de Zárate y Campana encendieron una fuerte alarma entre organizaciones ambientalistas, que advierten que el desastre no puede atribuirse únicamente al cambio climático.
Desde la Red del Río Luján y otras entidades como SOS Hábitat, la Asociación Patrimonio Natural y Asamblea Delta, señalaron que las causas estructurales del problema están profundamente ligadas a la desorganización territorial, la falta de planificación y el avance de proyectos inmobiliarios sobre zonas protegidas.
En un comunicado difundido esta semana, las organizaciones manifestaron que “el cambio climático no puede ser excusa para la irresponsabilidad de los funcionarios”, y apuntaron contra prácticas que han deteriorado los ecosistemas de la región. Entre ellas, destacaron la ocupación de humedales por barrios cerrados e industrias, la proliferación de terraplenes y canales ilegales, y la alteración de cauces naturales. De acuerdo con datos de la Fundación Humedales, más del 20% de los humedales relevados en Luján, Pilar y Escobar ya están ocupados por urbanizaciones privadas.
También criticaron duramente las obras hidráulicas encaradas por el gobierno provincial, argumentando que “rectificar y canalizar ríos no resuelve el problema: acelera el flujo de agua y perjudica a las localidades aguas abajo”. Casos como los de Mercedes, Luján y Pilar servirían como ejemplo de cómo estas intervenciones, lejos de prevenir nuevas inundaciones, agravan el impacto en otras zonas.
Otro punto central del reclamo es la falta de evaluación ambiental en los procesos de planificación urbana. En Escobar, denuncian, el nuevo Código de Ordenamiento Territorial (COT) se discute sin consulta pública ni estudios de impacto acumulativo. En Pilar, el código fue aprobado en 2023 sin cumplir esos pasos, y en Campana, se habrían promovido modificaciones orientadas a favorecer intereses privados.
Además del avance inmobiliario, las organizaciones señalaron que la expansión de la frontera agropecuaria también contribuye al problema. “El proceso de sojización ha impermeabilizado grandes superficies, lo que agrava la acumulación de agua en superficie”, alertaron.
Frente a este panorama, las entidades proponen un cambio de rumbo en las políticas públicas. Entre sus principales demandas se encuentra la detención de los emprendimientos sobre humedales, la delimitación clara de la línea de ribera en los cursos de agua y el cumplimiento riguroso de los procesos de evaluación ambiental. Apuestan, además, por “soluciones basadas en la naturaleza”, como la recuperación de ecosistemas que permitan reestablecer la capacidad de amortiguación frente a eventos climáticos extremos.
La situación en Zárate y Campana es, para los ambientalistas, un llamado urgente a repensar el modelo de desarrollo en la región. Y advierten: mientras no se frene la destrucción de los ecosistemas, las inundaciones seguirán repitiéndose con mayor frecuencia y gravedad.
