Mundo Profesional
El Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Buenos Aires (CPCIBA) avanza en una agenda de cooperación con otros colegios y entes profesionales —como el Colegio de Sociólogos, el Colegio Profesional de Terapia Ocupacional, entre otros- con el objetivo de brindar soporte técnico y operativo en la adopción de la firma digital y del denominado “sello de competencia”, herramientas que además de garantizar validez jurídica y trazabilidad documental, pueden ser un factor clave para modernizar trámites profesionales y facilitar la interacción con la ciudadanía y con organismos públicos.
La firma digital en la Argentina está regulada por la Ley 25.506, que reconoce su eficacia jurídica y establece las condiciones para su uso en documentos y trámites electrónicos. Sobre esa base normativa, la incorporación de sellos de competencia —atributos digitales vinculados a la matrícula o a las competencias profesionales del titular— ofrece una capa adicional de información que ayuda a identificar el rol profesional y a acelerar procesos administrativos o de certificación.
El Sello de Competencia como complemento de la firma digital
En la práctica, el sello de competencia no sustituye la firma digital; más bien la complementa: permite que, junto con la firma que valida la autoría e integridad del documento, se incorpore un certificado que acredite la condición profesional, la matrícula o competencias específicas del firmante. Esta funcionalidad fue destacada en las actualizaciones regulatorias que recuperaron y precisaron el uso de sellos de competencia como servicio asociado a la infraestructura de firma digital.
El enfoque que propone la entidad que preside Pablo Barbosa es doble. Por un lado, ofrecer asistencia técnica y capacitación a colegios que no cuentan con capacidad propia para implementar certificados digitales (gestión de claves, integración con plataformas de gestión, verificación y almacenaje de firmas). Por otro, impulsar convenios marco que permitan a otras entidades acceder a servicios compartidos —por ejemplo: provisión de certificados, plataformas de firma remota y protocolos de verificación— evitando que la desigualdad de recursos se traduzca en brechas de digitalización entre profesiones. Estas iniciativas favorecen la interoperabilidad entre actores profesionales y con la administración pública, y reducen costos de entrada para entidades con menor volumen.
Las ventajas prácticas para la ciudadanía y para las instituciones son claras: documentos con validez legal firmados electrónicamente, reducción de trámites presenciales, mayor seguridad y trazabilidad, y la posibilidad de incorporar en los certificados datos sobre la formación o competencias del profesional. Para los colegios, además, el sello de competencia puede ser una herramienta de transparencia y confianza —al permitir verificar online la matrícula y especializaciones— y de posicionamiento institucional frente a sus matriculados.
Recientemente se registraron gestos concretos de coordinación local: el CPCIBA ha manifestado interés en avanzar en proyectos compartidos relacionados con firma digital y sello de competencia, dialogando con colegios como el de Sociólogos para materializar acuerdos y experiencias piloto que luego puedan replicarse a instituciones de tamaño menor. Este tipo de pilotos sirven para ajustar protocolos técnicos, modelos de convenio y capacitación, y para evaluar modelos de financiamiento compartido.
Para que la iniciativa prospere, conviene atender —al menos— tres aspectos prácticos:
⦁ Marco legal y procedimientos administrativos: asegurar que los certificados y sellos cumplan la normativa vigente y las mejores prácticas de seguridad.
⦁ Modelo operativo compartido: diseñar servicios centralizados (o en modalidad “cloud” para colegios pequeños) que reduzcan costos y brinden soporte técnico permanente.
⦁ Capacitación y comunicación: capacitar a las autoridades y matriculados sobre el uso, alcances y limitaciones de la firma digital y el sello de competencia, y comunicar claramente a la sociedad cómo verificar certificados.
El proyecto de CPCIBA abre una vía práctica para que profesionales de disciplinas diversas accedan a tecnologías digitales con respaldo legal y eficacia operativa, sin que el tamaño institucional sea una barrera. Si se consolidan los convenios y se desarrollan pilotos replicables, el sello de competencia podría convertirse en un estándar de confianza profesional en la provincia, fortaleciendo tanto la gestión colegiada como la protección de la ciudadanía.
