Mundo Profesional
En los primeros días de 2026, el Gobierno nacional oficializó el desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), una política pública de atención integral creada en 2008 y consolidada por la Ley 27.713, que redujo drásticamente la mortalidad infantil por malformaciones cardíacas en recién nacidos.
El recorte, que venía siendo denunciado por distintas entidades y asociaciones, implicó la no renovación de contratos y la salida de los siete especialistas que coordinaban la red federal de atención, dejando sin estructura técnica operativa a una iniciativa que cada año asistía a alrededor de 7.000 bebés con cardiopatías congénitas y gestionaba cerca de 800 cirugías de alta complejidad en todo el país.
Organizaciones de profesionales y familias describen sin eufemismos el impacto: la mortalidad infantil vuelve a quedar en riesgo por decisiones administrativas que desarticulan una red sanitaria que funcionaba de forma federal y que había establecido derivaciones, diagnósticos prenatales y seguimiento desde embarazos hasta la adolescencia. “Lo que implica el desmantelamiento del programa es literalmente la muerte de niños y de bebés que esperan una cirugía de corazón para poder vivir”, afirmó Lucía Wajsman, una de las impulsoras de la ley, señalando que sin un equipo técnico especializado disponible, los tiempos de derivación y atención se dilatan con consecuencias irreversibles para pacientes vulnerables.
La medida se inscribe en un patrón más amplio de ajustes en el sistema de salud pública impulsados por la gestión de Javier Milei, enmarcados bajo la lógica de reducción del gasto estatal y liberalización de servicios. Proyectos sanitarios clave —como programas de cuidados paliativos o sistemas de atención especializada— han denunciado recortes de personal, cancelaciones de contratos y disminución de recursos que, según trabajadores y sectores sanitarios, comprometen la calidad y el acceso a la atención.
Mientras el Ministerio de Salud intenta matizar las críticas señalando que el programa “continúa operativo” y que se busca una “reorganización”, los hechos muestran otra realidad: la red técnica que coordinaba derivaciones y urgencias quedó fracturada, y con ello la garantía de atención equitativa en todas las provincias, aumentando las desigualdades entre quienes dependen del sistema público y quienes cuentan con cobertura privada.
El desmantelamiento del PNCC no es un error administrativo menor, sino una política que expone a miles de niñas y niños a riesgos evitables de muerte o secuelas graves por falta de atención oportuna. En un país donde cada bebé con diagnóstico de cardiopatía congénita tiene una probabilidad de supervivencia del 95 % cuando recibe tratamiento especializado, la retirada del soporte técnico estatal equivale, para muchos, a una sentencia de abandono o peor aún, de muerte.
Este recorte sanitario —que afecta directamente a los sectores más inocentes y vulnerables de la población— debe leerse como parte de un proyecto de país donde la lógica del ajuste económico puede terminar dejando de lado derechos fundamentales, como el derecho a la salud en la primera infancia. El desafío para la sociedad y los actores políticos será discutir si este modelo de gestión es compatible con las obligaciones mínimas del Estado hacia quienes no pueden pagar por atención en el mercado.
Con las lógicas liberales libertarias el acceso a la salud estará limitado a quienes cuenten con recursos suficientes, mientras que para el resto una vacuna, una consulta con el médico clínico o algún tipo de prestación pasará a ser un consumo «de lujo» que pocos o muy pocos podrán garantizar.
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