Mundo Profesional
Más de 150 abogados y abogadas del Departamento Judicial de La Plata expresaron su rechazo al proyecto de reforma laboral con media sanción en la Cámara de Diputados y solicitaron al Senado de la Nación que lo desestime. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional bajo el nombre de “Ley de Modernización Laboral”, fue cuestionada por considerar que implica un cambio estructural regresivo en materia de derechos laborales.
Los profesionales firmantes, integrantes de la agrupación “Compromiso Profesional”, manifestaron su preocupación por el impacto jurídico y social de la iniciativa. En el comunicado, sostienen que el proyecto no constituye un ajuste técnico, sino una redefinición profunda del orden jurídico laboral argentino, que podría alterar principios constitucionales y debilitar el sistema de protección de los trabajadores.
En ese sentido, señalaron que el diagnóstico oficial que fundamenta la reforma —basado en la supuesta rigidez normativa, la llamada “industria del juicio” y la imprevisibilidad del sistema— carece de sustento empírico. Según indicaron, la litigiosidad laboral se mantiene en niveles reducidos en relación con el tamaño del mercado de trabajo, mientras que la precarización y el empleo no registrado responden principalmente a factores macroeconómicos.
Desde una perspectiva jurídica, los firmantes advirtieron que el proyecto se aparta de la tradición protectoria del derecho laboral argentino, que reconoce la desigualdad estructural entre empleadores y trabajadores. En ese marco, cuestionaron que la iniciativa refuerce la autonomía de la voluntad sin límites suficientes, lo que, a su entender, debilita el orden público laboral y reintroduce criterios propios del derecho civil incompatibles con la naturaleza protectora de esta rama del derecho.
En el documento, los abogados y abogadas solicitaron expresamente al Senado que rechace el proyecto y que cualquier iniciativa futura se encuadre dentro del marco constitucional y las normas supralegales vigentes. Asimismo, anticiparon que podrían impulsar acciones administrativas y judiciales en defensa de los derechos laborales en caso de que la reforma sea aprobada definitivamente.
El comunicado fue acompañado por más de 150 firmas de profesionales del derecho, quienes reafirmaron su compromiso con la defensa de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y trabajadoras.
