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El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito XI expresó su profunda preocupación ante el avance legislativo de un proyecto que propone aumentar las penas por las denominadas “falsas denuncias” en casos de violencia de género y delitos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.
La entidad también alertó por el crecimiento de denuncias dirigidas contra profesionales que se desempeñan como peritos en el ámbito judicial.
Según señalaron desde la institución, la iniciativa ya cuenta con dictamen de comisión y contempla penas de hasta seis años de prisión efectiva para quienes denuncien hechos que luego no logren ser probados en sede penal. Desde el Colegio advirtieron que la propuesta desconoce las particularidades propias de este tipo de delitos, atravesados por dinámicas complejas, relaciones asimétricas de poder y frecuentes dificultades probatorias.
En ese sentido, remarcaron que la falta de prueba suficiente no puede equipararse a la falsedad de una denuncia. Indicaron que una interpretación de ese tipo podría generar un fuerte efecto disuasorio, reforzar estereotipos y desalentar a víctimas a recurrir a la justicia, especialmente en situaciones de violencia o abuso intrafamiliar.
Para la entidad profesional, el proyecto representa un retroceso en materia de derechos y profundiza barreras que ya existen para el acceso a la justicia de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Alertan por sanciones a peritos y profesionales
Otro de los puntos cuestionados es el agravamiento de penas para profesionales intervinientes, entre ellos peritos, con sanciones que podrían alcanzar hasta ocho años de prisión efectiva. Desde el Colegio consideraron que esa medida funcionaría como un mecanismo de presión y disciplinamiento hacia quienes trabajan en la evaluación, acompañamiento e intervención en situaciones de violencia.
Asimismo, señalaron que en el último tiempo se registró un incremento de denuncias contra peritos y profesionales de la salud mental que desarrollan tareas tanto en el ámbito judicial como en dispositivos territoriales.
Desde la institución enmarcaron esa situación en un fenómeno de reacción regresiva frente a los avances en materia de derechos, conocido internacionalmente como backlash, que se expresa en estrategias de desacreditación de víctimas, obstáculos a las investigaciones y persecución de profesionales que trabajan con perspectiva de género y con infancias.
Defensa del trabajo técnico y ético
El Colegio destacó que las prácticas periciales requieren formación específica, escucha clínica sensible y la construcción de espacios de confianza que permitan alojar experiencias traumáticas. También subrayó que los informes elaborados por profesionales se sustentan en criterios técnicos, éticos y normativos reconocidos, y constituyen herramientas fundamentales para la toma de decisiones judiciales orientadas a la protección de derechos.
Finalmente, la entidad rechazó cualquier intento de persecución hacia psicólogas y psicólogos que se desempeñan de manera ética y profesional, y reclamó al Estado y a los organismos competentes que garanticen condiciones adecuadas para el ejercicio profesional y el resguardo de quienes intervienen en la protección de poblaciones vulneradas.
