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El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA) presentó dos reclamos formales ante la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense y el Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial por el atraso en los pagos a los profesionales que integran el sistema de Defensoría y Asesoría ad hoc de la Justicia de Paz Letrada.
Los planteos fueron formulados el 13 de agosto y advierten que las demoras en las retribuciones se vienen reiterando y dejaron de constituir una situación excepcional. Según se señala en las presentaciones, existen pagos impagos desde octubre de 2025.
El Colegio sostuvo que los abogados y abogadas continúan prestando el servicio y garantizando el acceso a la justicia, particularmente en causas vinculadas con violencia de género y cuestiones de familia, pese a las dificultades derivadas de la falta de percepción de sus honorarios.
En ese sentido, COLPROBA remarcó que para muchos de los profesionales que actúan como Defensores de Pobres y Ausentes y Asesores de Incapaces designados ad hoc, estos ingresos tienen carácter alimentario y, en algunos casos, constituyen su único sustento económico.
Pedido de regularización urgente
En la presentación dirigida al ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, el Colegio solicitó que se arbitren con carácter urgente los medios presupuestarios necesarios para regularizar las sumas adeudadas.
El reclamo también fue elevado al procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand. Allí, la entidad destacó que el atraso en los pagos se ha transformado en una constante que compromete el normal funcionamiento del servicio.
Las autoridades del Colegio señalaron que, de acuerdo con lo informado en una reunión mantenida el 7 de agosto, las partidas presupuestarias necesarias para afrontar las sumas adeudadas no se encontraban asignadas ni disponibles en ese momento.
No obstante, COLPROBA reconoció las gestiones realizadas por la Procuración General para obtener la asignación de esos recursos y planteó que resulta necesario avanzar en una solución que permita regularizar los pagos pendientes y evitar que las demoras se repitan.
El Colegio advirtió además que la situación no implica solamente una cuestión administrativa, sino que tiene impacto directo sobre profesionales que sostienen desde sus propios estudios una función vinculada con el acceso a la justicia y la atención de personas en situaciones de especial vulnerabilidad.
