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El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires (COLPSIBA) expresó su preocupación por la magnitud de la problemática del suicidio en Argentina y reclamó al Estado Nacional el sostenimiento y fortalecimiento de las políticas públicas de salud mental y prevención.
La Argentina registró en 2025 5.209 suicidios, la cifra más elevada de su historia, según los datos citados por la entidad profesional. Para COLPSIBA, se trata de una realidad que no puede ser soslayada ni minimizada y que requiere una respuesta estatal sostenida.
La institución considera que el suicidio y la conducta suicida constituyen una emergencia de salud pública y un problema social, que demanda políticas de prevención, asistencia y posvención, con recursos acordes a la dimensión de la problemática.
Otro indicador de la situación surge del sistema nacional de vigilancia: desde abril de 2023, los intentos de suicidio son un evento de notificación obligatoria. Hasta octubre de 2025 se habían registrado 22.249 eventos, de los cuales el 95% correspondió a intentos sin resultado mortal. Las tasas más elevadas se concentran entre adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años.
Un fenómeno que requiere una mirada integral
Desde el Colegio advierten que el suicidio no puede ser entendido como un hecho aislado ni reducido exclusivamente a una patología individual. Se trata de un fenómeno complejo y multifactorial, que puede manifestarse a través de distintas conductas y requiere estrategias que contemplen la prevención, la detección temprana, la asistencia y el seguimiento.
En ese sentido, COLPSIBA pone el foco también en el deterioro de las redes sociales y comunitarias que pueden funcionar como sostén frente a situaciones de sufrimiento. Los vínculos, la comunidad, la posibilidad de pedir ayuda y el acceso efectivo a servicios de salud mental forman parte, según la entidad, de una estrategia integral de prevención.
El Colegio también señala que un reciente trabajo publicado en Vertex, Revista Argentina de Psiquiatría, reconoce como un avance la incorporación de la conducta suicida al sistema de vigilancia epidemiológica, pero advierte sobre la persistencia de subregistros, barreras operativas y dificultades para transformar los datos obtenidos en políticas públicas eficaces.
Para la entidad, contar con información epidemiológica es necesario, pero insuficiente. “No alcanza con registrar las muertes: hay que intervenir antes”, sostiene el documento.
El reclamo por recursos y profesionales
Frente a este escenario, COLPSIBA cuestiona el debilitamiento de las políticas nacionales de salud mental y reclama que cuenten con financiamiento suficiente para responder a la dimensión de la problemática.
El planteo incluye la necesidad de fortalecer equipos interdisciplinarios, dispositivos territoriales y comunitarios, capacitación, seguimiento y redes de atención accesibles, además de garantizar la disponibilidad de profesionales para intervenir tanto en la prevención como en la asistencia y la posvención.
“Prevenir el suicidio no es un gasto: es una responsabilidad del Estado y un compromiso de toda la sociedad”, afirmó el presidente del Consejo Superior de COLPSIBA, Pablo Della Savia (MP 43.348).
El reclamo se produce en un contexto en el que el aumento de los registros de suicidio vuelve a colocar a la salud mental en el centro de la agenda pública y plantea un desafío que excede al sistema sanitario: generar condiciones de prevención, detección y acompañamiento antes de que una situación de sufrimiento derive en una conducta suicida.
