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El colectivo Mujeres por la Abogacía se sumó a la impugnación que presentó el Colegio de Abogados de La Plata por el domicilio que presentó el ex juez de Comodoro Py.
Mujeres por la Abogacía, el colectivo de mujeres abogadas del departamento judicial La Plata, se opusieron a la designación de Sergio Torres como juez de la Suprema Corte de Justicia bonaerense por no poseer domicilio en la provincia, requisito demandado por la Constitución para ejercer la magistratura. Además, cuestionaron “la falta de formación en perspectiva de género”.
Luego de que se bloqueara su jura como juez supremo del máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires, las mujeres abogadas de La Plata manifestaron su adhesión a la impugnación presentada por el Colegio de Abogados de La Plata porque “el postulante no reúne el recaudo taxativamente establecido por el artículo 181 de la Constitución Provincial”.
Es que ese apartado de la Carta Magna sostiene que “para ingresar al Poder Judicial debe justificarse dos años de residencia inmediata en la Provincia”. Por esa razón, las mujeres añadieron: “implica asegurar un mínimo de conocimiento acerca de la realidad provincial sobre la que se deberá ejercer la función, especialmente en Provincia de Buenos Aires que cuenta con una vasta organización judicial, con tribunales de distintos fueros, jurisdicciones e instancias”.
En paralelo, cuestionaron “la falta de formación en perspectiva de género, cuya obligatoriedad surge operativa de la CEDAW y del Artículo. 16 de la Constitución Nacional sobre la igualdad de las personas, que considerando que vivimos en una sociedad patriarcal, con desigualdades reales entre varones y mujeres, resulta imprescindible tener herramientas para desde la Administración de Justicia permitan velar por la igualdad real”. En rigor, citaron que, este año, la provincia adhirió a la Ley nacional Nº 27.499 denominada “Ley Micaela”, que obliga a los funcionarios de los tres poderes a realizar una capacitación anual en violencia de género.
Al mismo tiempo, advirtieron que “la necesidad de incorporar mujeres en la Suprema Corte debe pensarse en relación a los lugares de poder que ocupan las mujeres en la toma de decisión, en nuestra provincia y las posibilidades de un acceso en iguales condiciones del que gozan los varones a los mismos cargos”.
En esa línea, destacaron como dato significativo que sólo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, en el año 2013 ya existía un 57% de sus egresados que eran mujeres, pero que a más de un siglo desde su fundación no cuenta con ninguna decana mujer, situación que podemos ver que se repite en el máximo tribunal bonaerense, donde en la actualidad sólo existe una sola magistrada frente a cinco magistrados varones.
“Nuestro postulado no implica que accedan a la Suprema Corte por el solo hecho de ser mujeres y que se les deba exigir menor idoneidad, por el contrario, que se le exijan los mismos requisitos y se lo otorguen las mismas posibilidades pero considerando las dificultades que estorban y obligan un esfuerzo doble en el caso de que además de mujeres profesionales del derecho con su jornada laboral y académico, por la estructura patriarcal imperante en nuestra sociedad, cuentan además con una doble jornada a cargo del cuidado de familiares”, finalizaron las Mujeres por la Abogacía.
