Abogados laboristas: “un nuevo retroceso: la supresión del Ministerio de Trabajo”

Abogados y abogadas laboristas calificaron al cambio de rango del Ministerio de trabajo como “insultante e indignante burla a la ciudadanía que precisa de la garantía y tutela de derechos fundamentales por parte del Estado Nacional”.

Desde la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas, reprobaron enfáticamente este triste retroceso, y aseguraron que “no vacilamos en calificar la decisión anunciada del P.E.N. como otra de las graves violaciones a la sustancia del régimen constitucional argentino”.

“La eliminación de los Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y de Salud, utilizando el mismo lenguaje de Mauricio Macri, por el decreto, pareciera indicar que para su experiencia acumulada resulta superflua la continuidad de toda política pública destinada al desarrollo de dos áreas que tienen tan singular importancia para la garantía de los derechos sociales – laboral, colectivo y de la seguridad social – y sanitarios del pueblo argentino”, expresaron en el comunicado los letrados.

Los abogados ya vienen denunciando en reiteradas oportunidades las “arbitrariedades sobre la autonomía y libertad sindical, como asimismo, ha mantenido un rol pasivo frente a la tragedia que viene sufriendo la clase trabajadora. La solución no es su eliminación sino el cumplimiento con el rol asignado de protección a la persona que trabaja y sus organizaciones bajo el modelo de Estado constitucional”.

Los profesionales explican que esta medida es una “desnaturalización más, intencional y por ende dolosa”, de los deberes esenciales del Estado de derecho, el cual debe adoptar el modelo de Estado social, como lo exige la configuración constitucional, al menos desde la incorporación de los derechos humanos de la llamada segunda generación, que en nuestro país tienen por antecedente a la reforma constitucional de 1949, y como expresión de carácter permanente, desde 1957, al art. 14 bis, ampliado por el art. 75, inc. 22, en el año 1994, con la plena sujeción al conjunto de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.