Abogados repudian el plan del ex Cadillac para asesinar a un fiscal

29/11/2018
Abogados

El colegio de Abogados de La Provincia de Buenos Aires junto al Colegio de Magistrados y Funcionarios repudió el intento de asesinato del Fiscal Patricio Ferrari por parte del detenido, Ignacio Pard, ex saxofonista de la Banda de los Fabulosos Cadillacs.

Ignacio Pard, ex saxofonista de la conocida banda Los Fabulosos Cadillacs se encuentra detenido en una ccárcel de San Martín por un robo, ante esto el músico planeaba un asesinato al fiscal Patricio Ferrari que fue quien lo envió a prisión.

Pardo Paso fue detenido en 2015 en una causa por robo calificado. El año pasado fue condenado a la pena de ocho años de cárcel. El fiscal a cargo de la investigación de la causa que lo llevó a prisión fue Ferrari.

Al ex saxofonista ahora lo acusan de llevar adelante un plan para matar al fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, quien fue el que lo envió a prisión. Hubo varios allanamientos y se habría desbaratado el sangriento objetivo. Pensaba contratar a un sicario y pagarle 100.000 pesos

Ante esto, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro, en conjunto con el de la provincia de Buenos Aires, desea expresar “su más profunda preocupación respecto de hechos de esta naturaleza que ponen en riesgo la integridad de quienes tienen a su cargo la función de investiga la comisión de delitos”.

En este sentido, los letrados le piden a los poderes del Estado que, en el marco de sus respectivas competencias, “aseguren la protección de todos aquellos Magistrados y Funcionarios que integran el Poder Judicial y Ministerio Público, frente a ataques, actos de intimidación, amenazas, hostigamientos, y toda clase de presiones externas, que busquen incidir en el acceso a la justicia y la debida diligencia que debe cumplir un fiscal en el marco de sus deberes como titular de la acción penal pública en representación de la sociedad.

La Corte Intamericana de Derechos Humanos ha señalado en su jurisprudencia que “el Estado debe garantizar que funcionarios judiciales, fiscales, investigadores y demás operadores de justicia cuenten con un sistema de seguridad y protección adecuados, tomando en cuenta las circunstancias de los casos a su cargo y el lugar donde se encuentran laborando, que les permita desempeñar sus funciones con debida diligencia”.