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El Juzgado Federal N.º 2 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, admitió recientemente una acción de amparo colectiva presentada por organizaciones sociales y ambientales que reclaman la actualización del artículo 982 del Código Alimentario Argentino (CAA), que regula los parámetros de control de la calidad del agua potable distribuida por redes domiciliarias.
La medida, impulsada en el marco de la campaña “Acción en Defensa del Agua”, fue acompañada por un extenso informe técnico de 142 páginas que reúne evidencia científica y estudios independientes elaborados por asambleas de pueblos fumigados en la provincia de Buenos Aires. Entre las entidades peticionantes se encuentran el Movimiento por el Agua de Santa Fe, Naturaleza de Derechos, el Movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos y el Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Controles desactualizados y sustancias prohibidas
El núcleo de la demanda radica en que el listado de sustancias y parámetros contemplados en el artículo 982 está gravemente desactualizado: aproximadamente el 90% de los principios activos referidos fueron prohibidos hace más de 30 años. Sin embargo, estudios recientes evidencian la persistente contaminación de aguas superficiales, subterráneas y de red con residuos de agrotóxicos actuales, cuyos efectos pueden ser graves para la salud humana, incluso a bajas concentraciones y ante exposición prolongada.
Investigaciones respaldadas por instituciones como el INTA Balcarce, a través de la matriz desarrollada por la Dra. Virginia Aparicio, y el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM) de la Universidad Nacional de La Plata, identificaron hasta 42 principios activos relevantes, de los cuales se detectan en promedio residuos de 15 agroquímicos distintos en cada muestra.
Ante esta situación, el juez Ramos Padilla dio un plazo de cinco días al Estado Nacional, a través de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), para responder a la demanda. La CONAL —dependiente del Ministerio de Salud— es la autoridad técnica responsable de proponer modificaciones al CAA y supervisar su cumplimiento, conforme al Decreto 815/1999.
El Código Alimentario Argentino, regulado por la Ley 18.284 y el Decreto 2126/71, tiene como finalidad resguardar la salud pública mediante el establecimiento de estándares de inocuidad y calidad de alimentos, entre ellos el agua potable, adaptándose a los avances científicos y a los compromisos internacionales, especialmente del Mercosur.
Las organizaciones demandantes insisten en la urgencia de adaptar la normativa para que las empresas responsables del suministro de agua potable apliquen controles exhaustivos, en línea con la realidad productiva actual y los agroquímicos efectivamente utilizados en el territorio.
El caso marca un precedente relevante para la protección de la salud pública y podría significar una actualización estructural en los controles de calidad del agua potable en Argentina, en respuesta a los crecientes cuestionamientos sobre el impacto de la contaminación agroquímica en zonas rurales y periurbanas.
