Mundo Profesional
Nuevamente los profesionales reiteran el pedio de la apertura del nomenclador que les dé un marco regulatorio.
Tras los diferentes conflictos que mantienen los Acompañantes Terapéuticos con la sanción de la Ley que les dé, por fin, un reconocimiento profesional; ahora reiteran el pedido de la apertura del nomenclador en la Superintendencia de Servicios de Salud para obtener así “un piso básico de derechos contra el ajuste y la precarización, como así también por la profesionalización y jerarquización de nuestra práctica”.
En este sentido de búsqueda de reconocimiento y de defensa de derechos, desde la Coordinadora provincial de Acompañantes Terapéuticos exigen su inclusión “para poner fin a los abusos de las obras sociales y empresas de salud que lucran con nuestro trabajo y con la necesidad de las personas con discapacidad y/o con padecimiento psíquico poniendo en riesgo el acceso a la salud y el derecho a una vida digna tanto de usuarios, como de los trabajadores”, expresaron en un comunicado.
Sucede que en el nomenclador nacional, creado a partir de la resolución 428/99, no se contempla la prestación de la figura de los Acompañantes ya que solo se tienen en cuenta las prestaciones llevadas adelante por profesionales que están dentro del Registro Nacional de Prestadores; “o sea prestaciones realizadas por profesionales reconocidos a través de su matriculación”, comentaron.
Sin embargo aclararon que “en los hechos” llevan adelante funciones de apoyo para las Personas con Discapacidad en línea con la ley 24.901 de prestaciones básicas. La prestación de acompañamiento terapéutico no está incluida de forma explícita “ya que al no tener ley de ejercicio ni matrícula nacional no ingresamos al RNP; por estos condicionantes y faltantes legales, no figuramos en el nomenclador nacional”, reiteraron y a la vez sostuvieron que su profesión “entra por la ventana en el nomenclador” por la prestación pero no así por ser prestadores.
Así mismo alertaron que la Superintendencia incluiría a “Asistente Personal” que no contaría con “matrícula ni formación académica reconocida, más que un curso” dictado por la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, que es parte del la gestión en Ciudad de Buenos Aires. Esta figura estaría relacionada más bien con el apoyo y fortalecimiento de las actividades básicas de la vida diaria, en base a la Convención Internacional sobre las personas con discapacidad acorde al modelo social de discapacidad.
Sin embargo reclamaron que este nuevo curso “dio lugar a esa figura que ahora será símbolo de mayor precarización y flexibilización. Seguramente con el objetivo de seguir recortando en salud y específicamente en discapacidad, vulnerando cada vez más derechos de usuarios y trabajadores” ya que se “reconoce a ciertas prestaciones necesarias, pero no se especifica qué prestador puede realizarlo”.
