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El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 reclamó un debate sobre el complejo de Punta Mogotes en Mar del Plata y propuso convocar a un concurso de ideas para la puesta en valor del lugar, además de alertar por el estado actual del balneario.
El Complejo de Punta Mogotes ocupa una superficie cercana a las 30 hectáreas de tierra urbana ubicada en un lugar privilegiado de la ciudad, divididas en 24 parcelas de explotación, que involucran la franja de arena, las instalaciones destinadas a balnearios y gastronomía y un amplio sector pensado para el estacionamiento de 10.000 vehículos.
Toda esta infraestructura balnearia data de fines de la década del ‘70, cuando durante la dictadura militar se ejecutaron las obras con un presupuesto de 70.500.000 dólares. El financiamiento fue a través de una sociedad denominada “Proyectos Especiales Mar del Plata Sociedad de Estado”, compuesta por la Municipalidad de General Pueyrredón con un 30% de las obligaciones y derechos, y la Provincia de Buenos Aires con el 70%.
Cabe recordar que de la misma época son las demoliciones de casi todo lo construido sobre la ex “Playa de los Ingleses”, hoy Varese, con el espíritu higienista de la época. El propósito en Punta Mogotes fue dotar de moderna infraestructura a un sector equivalente al 45% de la superficie de arena de la ciudad, mediante una contratación directa, obviamente sin ningún tipo de participación ciudadana. Un proyecto absolutamente insensible con el paisaje y con el ambiente, basado en un paradigma hoy obsoleto, que imponía el uso del automóvil individual como modelo de progreso.
Las autoridades del Colegio advirtieron que “lo que hoy ocurre es que nos encontramos con una pieza urbana, ubicada en un sector predilecto de nuestra trama, que sumado a las vías rápidas de varios carriles que lo rodean constituyen una barrera infranqueable entre el barrio y su paisaje costero. Con una infraestructura decadente y que además se encuentra 9 meses por año sin uso».
«Transcurridos 42 años desde la ejecución de las obras, consideramos que como sociedad deberíamos comenzar a plantearnos qué hacer con este especio tan característico de nuestro paisaje costero», resaltaron los arquitectos y recordaron que ya caducó el convenio entre la ciudad y la provincia por la administración del complejo, sin que hasta la fecha el distrito recibiera ningún tipo de participación en los ingresos generados por las concesiones del lugar.
«Si bien el traspaso de una jurisdicción a otra no garantiza que se revierta la suerte de este complejo y su área circundante, es cierto que lo más razonable es que un Estado municipal pueda tener el control de los sectores más icónicos de su territorio», reclamaron desde la entidad profesional.
