Mundo Profesional
El Colegio de Asistentes y Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires (CATSPBA) encendió una señal de alarma sobre la grave escasez de profesionales en las unidades penitenciarias del territorio bonaerense, y aseguraron que esa situacion pone en jaque la posibilidad de construir procesos de inclusión y ciudadanía dentro y fuera del encierro.
Actualmente, algunas unidades cuentan con una sola trabajadora social, y en otros casos directamente no hay ninguna. El caso más elocuente es el de la Unidad 1 de Lisandro Olmos, donde apenas cuatro profesionales deben atender a una población de más de 2.000 personas privadas de libertad (PPL). En el Complejo Penitenciario de Florencio Varela, la situación es aún más extrema: no hay ningún trabajador social designado, explicaron desde la entidad profesional.
“La población privada de libertad ha crecido exponencialmente, no solo en cantidad, sino también en la complejidad de las problemáticas que atraviesan”, advirtió Anatilde Senatore, referente del Colegio y reconocida profesional del ámbito, en diálogo con CódigoBAIRES. La especialista señaló que se trata de una población más joven, con mayores niveles de consumo problemático y con escasas herramientas para la reinserción social. “Cada vez necesitan más acompañamiento, y hay menos profesionales disponibles”, alertó.
El trabajo social, explicó Senatore, cumple un rol esencial en el abordaje de problemáticas como salud mental, consumo, revinculación familiar y el diseño de proyectos de vida posencierro. “Es indispensable para evitar la reincidencia y acompañar procesos que permitan construir una ciudadanía plena”, subrayó.
Pero el déficit no solo impacta sobre las personas detenidas. Senatore fue tajante al remarcar que las familias tampoco reciben ningún tipo de contención estatal: “No están siendo atendidas absolutamente por ningún espacio del Estado. Y si no se atiende a esa población, los procesos de recuperación de la libertad son mucho más difíciles de sostener”.
En la provincia de Buenos Aires, según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con base en cifras oficiales de 2024, hay 61.811 personas privadas de libertad, de las cuales 57.519 se encuentran alojadas en cárceles, comisarías y alcaldías. Un número que sigue creciendo y cuya atención requiere una estructura profesional mucho más robusta que la actual.
Consultada sobre cuántos trabajadores sociales serían necesarios, Senatore sostuvo que no puede establecerse un criterio numérico uniforme: “Cada unidad tiene una complejidad diferente. No es lo mismo una unidad con niñeces junto a sus madres que una compuesta solo por adultos. Ni una cárcel urbana que una aislada, como las de Magdalena”.
Frente a esta situación, el Colegio propuso colaborar activamente con el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) para realizar un relevamiento conjunto que permita dimensionar el problema y avanzar hacia una solución: “Poner esa herramienta a disposición de la institución sería fundamental para trazar un diagnóstico realista y tomar decisiones efectivas”, concluyó Senatore.
