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Tras la intoxicación de docentes y alumnos en una escuela técnica, el Consejo Profesional de Química de la provincia de Buenos Aires expresó su preocupación por la reiteración de accidentes vinculados con la manipulación de sustancias químicas en establecimientos educativos. Reclamó controles, capacitación obligatoria y la intervención de profesionales matriculados, y volvió a solicitar una reunión con el Ministerio de Educación bonaerense.
El episodio ocurrido el pasado 10 de noviembre en la Escuela Técnica N.º 1 «Crucero General Belgrano» de Pinamar, donde docentes y alumnos sufrieron mareos y descompensaciones mientras se disponían a realizar tareas de limpieza, volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad para la manipulación de productos químicos en los establecimientos educativos.
Ante este hecho, el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires (CPQ-PBA) manifestó su preocupación por la reiteración de este tipo de accidentes y advirtió que “no se trata de hechos aislados ni de situaciones imprevisibles”, sino de episodios que ponen en evidencia falencias en la prevención, la supervisión y el manejo responsable de sustancias químicas.
Desde la entidad señalaron que el caso de Pinamar se suma a una serie de antecedentes ocurridos en instituciones educativas del país. Entre ellos, mencionaron la explosión durante una feria de ciencias en el Instituto Comercial Rancagua de Pergamino, en octubre de 2025, que dejó 17 personas heridas; el accidente registrado días después en el Colegio Guadalupe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde cinco personas sufrieron quemaduras durante una experiencia de química; y el episodio ocurrido en una escuela de San Juan, en noviembre de ese mismo año, en el que una niña resultó herida durante un experimento escolar.
También recordaron el caso de una estudiante de 17 años que sufrió graves quemaduras durante una práctica con alcohol en la Escuela Secundaria N.º 2 «Congreso de Tucumán», de Morón, en 2017. El hecho volvió a tomar relevancia pública luego de que, en septiembre de 2026, la Justicia responsabilizara a la docente, al Estado bonaerense y a la aseguradora, y ordenara una indemnización superior a los siete millones de pesos. Entre los elementos considerados en el expediente se destacó la ausencia de equipamiento básico de seguridad en el laboratorio.
La necesidad de controles y supervisión profesional
Para el Consejo, estos acontecimientos tienen un denominador común: la manipulación de sustancias químicas sin garantías suficientes de seguridad, capacitación específica y supervisión profesional. La problemática, remarcaron, no se limita a las experiencias de laboratorio, sino que también comprende tareas habituales de limpieza, almacenamiento, preparación de reactivos y mantenimiento de instalaciones.
En ese sentido, advirtieron que resulta inadmisible que los establecimientos donde se utilizan y almacenan productos químicos no dispongan de protocolos específicos, identificación adecuada de las sustancias, condiciones seguras de almacenamiento ni personal capacitado para intervenir en las actividades que corresponden al ejercicio profesional de la química.
Asimismo, la institución recordó la plena vigencia de la Ley Provincial 7020, que regula el ejercicio de la profesión y establece la obligatoriedad de la matriculación para quienes desarrollan actividades comprendidas en sus incumbencias. “La idoneidad no puede presumirse ni reemplazarse por la experiencia informal”, sostuvieron, al remarcar la importancia de garantizar formación, capacitación y cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
Reclaman respuestas al Ministerio de Educación
El CPQ-PBA señaló que esta preocupación ya había sido planteada ante las autoridades provinciales. Durante 2025, la institución realizó gestiones ante el Ministerio de Educación bonaerense para establecer una agenda de trabajo conjunta orientada a fortalecer la seguridad química en las escuelas. Entre las propuestas presentadas figuraban la capacitación específica de docentes y trabajadores, la intervención de profesionales químicos matriculados y la revisión de los protocolos aplicables a las actividades que involucran sustancias potencialmente peligrosas.
Sin embargo, desde el Consejo manifestaron que, pese a la gravedad de los antecedentes y a la reiteración de los planteos, todavía no obtuvieron respuestas concretas que permitan avanzar en una política preventiva. “No alcanza con intervenir después de una explosión, una intoxicación o una quemadura”, expresaron, y reclamaron que las autoridades educativas asuman la responsabilidad de garantizar condiciones que eviten nuevos accidentes.
Finalmente, la entidad solicitó a la cartera educativa y a los organismos competentes la implementación de medidas urgentes y verificables, que incluyan controles sobre el almacenamiento y la utilización de productos químicos, protocolos de prevención y emergencia, capacitación obligatoria del personal y participación de profesionales matriculados en las actividades que así lo requieran.
