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En términos generales la normativa establece que los contratos de alquiler para vivienda pasarían a tener un plazo mínimo de tres años y la actualización de precios se adecuaría a un promedio entre en índice de precios y el de salarios.
Por otro lado dispone que los inquilinos no pagarían las expensas extraordinarias ni los impuestos que gravan la propiedad, a diferencia de lo que ocurre con la normativa actual que libra esa decisión a un acuerdo entre las partes.
En cuanto a la devolución del depósito, el proyecto contempla que se efectivice con un monto actualizado al finalizar el contrato (que tiene como límite hasta un mes del valor del alquiler), sea proporcional a lo estipulado.
Desde el FIN celebraron el comienzo del debate y consideraron que «ahora nos queda el desafío de sumar y llegar con estas discusiones a todas las provincias».
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