Beneplácito del Colegio de Ingenieros por nueva normativa en Bahía Blanca

01/04/2015
Ingenieros

Se trata de una Ordenanza que crea una comisión asesora para emitir los certificados de factibilidad de obra. EDES, ABSA y Camuzzi Gas Pampeano deberán encargarse de las obras que hoy dejan bajo la exclusiva responsabilidad de los emprendedores.

La creación de una Comisión Evaluadora de Infraestructura de Servicios Públicos por parte del Concejo Deliberante bahiense pondrá punto final a una injusta práctica local que permitía a las empresas prestatarias de servicios públicos no hacerse cargo de las obras necesarias para dar un servicio adecuado, y que, además establecía que los emprendedores debían afrontar los costos de esos trabajos.

El presidente del Colegio de Ingenieros, Norberto Beliera, se mostró conforme con la iniciativa sancionada, y explicó que «hasta el momento los autores de un proyecto de construcción quedaban obligados a solicitar a las prestatarias el certificado de factibilidad, afrontando el costo de las obras necesarias y sin ninguna posibilidad de obtener un reconocimiento por parte de las empresas prestadoras que, en definitiva debían ser las verdaderas responsables de cubrir esos costos».

En este sentido apoyó la creación de una comisión que estará integrada por los colegios de Ingenieros, Arquitectos, Técnicos y Agrimensores, la Universidad Nacional del Sur y la facultad Regional B.B. de la Universidad Tecnológica Nacional y personal idóneo municipal, y que asesorará a la comuna a la hora de emitir los certificados de factibilidad.»La presencia de profesionales matriculados asegura el correcto desarrollo de los análisis y evaluaciones previos a emitir la factibilidad» indicó Beliera, a la vez que recordó que «la nueva normativa establece que las prestatarias de los servicios públicos serán las responsables de financiar y ejecutar las obras que garanticen toda prestación».

Finalmente, la modificación de la ordenanza 14.708 creará también una cuenta especial, llamada Fondo de Infraestructura, conformada por el 50% de lo recaudado por derechos de construcción y recursos provinciales y nacionales. El dinero así recaudado será destinado a un plan de obras, atendiendo en especial a sectores vulnerables.