Mundo Profesional
En el marco de la campaña electoral para el 2023, el intendente de Capitán Sarmiento y precandidato a gobernador por el ala dura del PRO, Javier Iguacel, prometió que en caso de ganar las elecciones bonaerenses eliminaría la obligatoriedad de los profesionales de matricularse en los Colegios correspondientes.
«Basta de curros, imposiciones y burocracia», dijo el ex titular de Vialidad Nacional, tratando de instalar un debate sobre la modificación de las facultades delegadas por el Estado Provincial sobre los Colegios para el control del ejercicio profesional.
En su propuesta, Iguacel afirma que «con título de Universidad Nacional alcanza», y reclamó «libre elección de asociarse o no al Colegio», lo que equivale a quitarle al Estado provincial la capacidad de control de ejercicio profesional y cuidado de la matrícula.
Vale recordar que los Colegios y Consejos Profesionales se crean por Ley, en este caso de la Legislatura de la Provincia, y son corporaciones de derecho público sobre las que el Estado delega la facultad de contralor del ejercicio profesional, que le corresponde a las provincias.
La iniciativa del precandidato del PRO, va en línea con la propuesta general de achicamiento del Estado que viene plateando Patricia Bullrich, principal respaldo de Iguacel en su carrera por la gobernación. En ese sentido, la ex ministra de Seguridad ya adelantó que en caso de ser Presidenta eliminaría casi por completo la inversión social, achicaría la cantidad de ministerios y hasta reduciría los planteles de trabajadores del Estado.
Lo que no había pasada hasta ahora es que alguna propuesta directamente eliminara una potestad de contralor, lo que haría imposible por ejemplo reconocer la vigencia y validez de los títulos de profesionales de todos los ámbitos como medicina, ingeniería, obstetricia, arquitectura, Higiene y Seguridad, etc.
Es decir que la eliminación de la obligatoriedad de matriculación abre la puerta a un sin fin de irregularidades en el ejercicio profesional y sobre todo deja en estado de absoluta desprotección a la sociedad, que deja de contar con una entidad a la cual recurrir en caso de mala praxis profesional y/o cualquier tipo de reclamo o consulta.
