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A un mes de que el ministerio de Salud reglamentara la Ley de Parto Respetado, un marco legal que reafirma los derechos de las embarazadas para poner freno a los atropellos que suelen producirse en las salas de parto, desde el Observatorio de Violencia Obstétrica aseguran que queda mucho trabajo por delante, ya que al menos siete de cada diez madres reconocen haber sufrido alguna forma de maltrato al tener a sus bebés.
“La violencia obstétrica es una problemática que se da tanto en el parto como en el embarazo y que está tan sistematizada que se asume como lo normal. La mayoría de la gente considera que la manera de parir de las mujeres es que se nos someta a una serie de prácticas hospitalarias de manera rutinaria; no por una necesidad médica sino para agilizar los tiempos del nacimiento y de esa forma sacar un mejor provecho de los recursos. En ese contexto resultan frecuentes también los maltratos verbales y hasta físicos. Muchas mujeres son objeto de comentarios despectivos e insultos, y no es inusual que incluso se las ate, se las cachetee o se las amenace con el bienestar de sus hijos para que no cuestionen las prácticas a las que son sometidas”, explica Violeta Osorio desde el Observatorio de Violencia Obstétrica.
“A pesar de que el parto es un hecho fisiológico que en general sólo requiere ser acompañado, lo que sucede hoy por norma es que a las mujeres, apenas ingresan a la sala de parto, se les coloca una vía intravenosa con oxitocina sintética para acelerar el nacimiento, se las acuesta impidiéndoles moverse y se les realiza un corte en el perineo para agilizar la salida del bebé, entre otras prácticas que tienen un fuerte componente económico. Detrás de ellas está el interés de los hospitales para aprovechar mejor sus recursos, el interés de los laboratorios de aumentar la venta de sus productos y el interés de algunos profesionales de optimizar sus tiempos, porque ´tiempo es dinero`”, señala Osorio.
Esos mismos intereses llevan a que cada año se realicen en el país decenas de miles de cesáreas injustificadas, señalan desde Las Casildas. “Pese a que la última revisión de la Organización Mundial de la Salud marca que apenas un 12% de los embarazos requiere una cesárea, en Argentina las cesáreas representan hasta un 40% de los nacimientos en el sistema público y entre un 60% y 90% en el sector privado”, cuenta Julieta Saulo, la fundadora de la organización.
Con todo, esa forma de violencia institucional no es la única que ha venido ganando terreno en las salas de parto. A ella se le suma en un alto porcentaje de los casos situaciones de violencia psicología, verbal y hasta física. “Aunque tiene menor incidencia en el sector privado –donde impera la lógica del cliente-, los comentarios irónicos hacia la mujeres, el trato desvalorizante llamándolas `mamita`, `nena` o `gorda`, e incluso las amenazas y cachetadas son algo habitual tanto en hospitales como en centros privados”, asegura Saulo.
Frente a este tipo de situaciones que han comenzado a visibilizarse cada vez más en los últimos años, el mes pasado el ministerio de Salud de la Nación reglamentó la Ley de Parto Respetado. En ella se establece claramente el derecho de las parturientas a ser informadas sobre las distintas intervenciones médicas para que puedan elegir libremente; a ser tratadas con respeto; a ser consideradas personas sanas y protagonistas del parto; a parir naturalmente con los debidos tiempos biológicos y sin medicación; a ser acompañadas por una persona que elijan y a tener al bebé a su lado siempre que no requiera cuidados especiales y mientras dure la internación.
Si bien se trata de “un avance muy valioso”, para el Colegio de Obstétricas de la Provincia, que desde hace años viene trabajando para que se conozcan y se respeten los derechos de los mujeres y sus hijos por nacer, la puesta en práctica de la Ley “va a tomar bastante tiempo” porque “implica un cambio en el modelo de atención que, al afectar usos y costumbres muy instaladas, genera enfrentamientos dentro de los equipos de salud”.
Pero “más allá de este cambio en las cabezas, hay cuestiones de infraestructura y recursos que dificultan su aplicación –reconocen desde el Colegio profesional-: es complicado garantizar el derecho a un acompañante cuando en una misma sala hay varias mujeres en trabajo de parto y eso compromete la intimidad de las demás, u ofrecer una atención digna en hospitales donde cuatro profesionales atienden hoy hasta treinta partos por día”, comentan al señalar algunos de los mayores retos que deberá superar el nuevo marco legal.
