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Se trata de la institución de la provincia de Santa Fe que, en relación a la ley nacional que será sometida a votación próximamente, reclamó por los derechos de los animales.
El Colegio de Abogados de Santa Fe manifiesta su preocupación ante el dictamen de fecha 16 de julio del corriente año, aprobado en reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General y Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, en relación a la reforma de la ley penal de maltrato y crueldad hacia los animales y que será sometido a votación próximamente.
La ley penal 14.346, del año 1954, que hoy se pretende reformar, es una ley que coloca a los animales en la posición jurídica de víctima y contiene una serie de disposiciones que penalizan ciertos actos considerados de maltrato o crueldad que puedan cometerse contra los animales, sean domésticos, cautivos o silvestres.
Esta norma jurídica constituye una herramienta fundamental para que, a través de su aplicación, puedan rescatarse animales/víctimas de las situaciones tipificadas como delitos y perseguir penalmente al presunto responsable. Otorga la posibilidad de que los animales puedan ser representados en procesos judiciales mediante el ejercicio profesional de los abogados y abogadas. De aquí radica su importancia.
Ante esto, desde la institución provincial consideran que “el mencionado dictamen no refleja las nuevas consideraciones éticas, basadas en la justicia hacia los animales, que hace décadas están aportando diversas disciplinas”. Además, “desoye las reclamos sociales”.
En este sentido los letrados fueron con todo: “como si fuera poco, la ley también ignora los avances y pronunciamientos jurisprudenciales de los últimos años, plasmados en y a partir del histórico fallo de la ‘Orangutana Sandra’, que recepcionó el espíritu social y jurídico y, con su sentencia, generó un vuelco histórico judicial en la consideración jurídica de los animales como ‘sujetos no humanos’.
De esta manera, el Colegio de Abogados de Santa Fe, exhorta a los legisladores nacionales para que en este proceso legislativo “actúen de manera involucrada y responsable, y que si a consecuencia de este proceso que deberá cumplimentarse de acuerdo a los mecanismos constitucionales establecidos, resulte una reforma de la mencionada ley, los animales no humanos ostenten una mejor posición jurídica”.
