Mundo Profesional
A medida que avanzan las reuniones en algunos puntos de la provincia, los promotores de esta nociva escisión del Colegio de Ingenieros encuentran cada vez mayores dificultades para explicar algunos de los cuestionamientos planteados por los propios matriculados que son convocados a participar y que tiene que ver con la legalidad de la creación de una nueva entidad, la sustentabilidad económica, las garantías de permanencia en el tiempo y el desconocimiento de las leyes vigentes en la provincia.
En este sentido vale destacar en primer lugar que una de la instituciones impulsoras del proyecto es el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), una institución creada en el año 1944 por Decreto de Poder Ejecutivo, en ese entonces ejercido por un gobierno de facto, y ratificada por el Decreto Ley 6070/58, también una nueva dictadura, a pesar de lo cual sus referentes nunca han impulsado una corrección del marco legal que rige su funcionamiento.
Y justamente ese funcionamiento, que pretende transformar a los colegios provinciales en meros apéndices del organismo nacional, va en contra del principio de federalismo que le otorga a cada Estado Provincial la potestad de delegar en los Colegios Profesionales la guarda y control del ejercicio de las profesiones.
Otro de las incógnitas que los matriculados vienen planteando en cada reunión, tiene que ver con la sostenibilidad en el tiempo de cualquier entidad que se piense crear, y en este punto es sorprendente la falta de un estudio económico financiero, así como de las proyecciones necesarias para poder otorgar garantías a los profesionales que allí se matriculen.
Por otro lado y ante la existencia de un departamento de Ingeniería Agronómica en el ámbito del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, con un amplio desarrollo en materia de promoción, jerarquización y defensa del ejercicio profesional, son cada vez mas los ingenieros agrónomos que tienen dificultades para identificar beneficios reales en la creación de un nuevo organismo y se preguntan si el camino correcto no es avanzar internamente a través del sistema democrático de elección de autoridades dentro del CIPBA.
Finalmente los aspectos claramente recaudatorios del proyecto y las dudas sobre la vinculación que una supuesta nueva entidad tendría frente a la Caja de Previsión Social, terminan de configurar un escenario que mas que certezas ofrece incertidumbre a los ingenieros agrónomos bonaerenses, abriendo la puerta además a un ejercicio profesional rayano en la ilegalidad por el desconocimiento de las leyes provinciales vigentes.
Ante este escenario, desde el Colegio de Ingenieros de la Provincia, a través de su Departamento de Ingeniería Agronómica, se ha ratificado el rechazo a la iniciativa, explicando que «un Colegio que nuclea a todas las ramas de la ingeniería es la mejor forma de ejercer la defensa del ejercicio profesional» y remarcando además que esa entidad es «la única entidad legítimamente habilitada para representar a los ingenieros agrónomos de la provincia de Buenos Aires».
