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Hace dos semanas el proyecto de la reforma laboral en la provincia de Buenos Aires tuvo media sanción. Desde la Asociación de Judiciales Bonaerenses afirman que “no resolverá nada”; en tanto, desde el Colegio de Abogados del Distrito de Junín aseguran que “ésta era una vieja lucha que se venía trayendo en la Provincia desde la colegiación”
La Asociación Judicial Bonaerense rechazó la reforma del procedimiento laboral que aprobó la Cámara de Diputados de la Provincia, impulsada por el gobierno de María Eugenia Vidal. En un comunicado, admitieron que «el fuero laboral presenta serios problemas» pero que «la reforma aprobada por la Legislatura estará lejos de resolver estas cuestiones».
El proyecto aprobado establece la transformación de los tribunales, formados por tres jueces, a juzgados unipersonales y la creación de una Cámara de Apelaciones propia del fuero. Para el gremio, la creación de un sistema de doble instancia extenderá «el plazo de resolución de los litigios», uno de los principales problemas que tiene hoy la justicia laboral bonaerense.
En este sentido, el Presidente del Colegio de Abogados de Junin, Pablo Rasuk, destacó que «ésta era una vieja lucha que se venía trayendo en la Provincia desde la colegiación. Fue un trabajo conjunto, especialmente motivado entre otros colegios».
Para la AJB, las fallas del proyecto nacen de un mal diagnóstico de parte del gobierno bonaerense. «Su tratamiento no fue precedido de un diagnóstico acerca de las causas de los problemas que actualmente enfrenta el fuero laboral, cuya resolución está más vinculada a decisiones del Poder Ejecutivo y de la Suprema Corte de Justicia que a obstáculos derivados del procedimiento laboral», criticaron.
Sin embargo, el abogado marcó que «los logros fueron más que interesantes, apuntando a la seguridad del proceso, a la doble instancia, a la celeridad y al achicamiento de los plazos en algo que tiene una connotación social muy importante».
Por último, la AJB aseguró que la reforma «impactará negativamente sobre la situación y derechos de los trabajadores y las trabajadoras judiciales que prestan tareas en el fuero laboral, que enfrentarán una sobrecarga de trabajo con recursos manifiestamente insuficientes».
