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Es en relación a los medicamentos. Carlos Correa, aseguró “se reducirá la competencia, frustrarán inversiones y encarecerán los productos en perjuicio de proveedores de salud, pacientes, agricultores y de la economía en general”.
Carlos Correa, director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Economía de la Facultad de Derecho de la UBA, alertó sobre los efectos de un acuerdo con la Unión Europea que afectará en el precio y el acceso a los medicamentos con un acuerdo de libre competencia que incluye un capítulo sobre propiedad intelectual “que resultará gravoso y dañino para Argentina y la región”, afirmó el especialista.
El Director del Centro del Centro de Estudios alertó “la alineación con uno u otro de los centros de poder económico puede tener consecuencias para la economía argentina. Pueden cerrarse mercados para los productos argentinos o demorarse el esperado impulso a las inversiones que creen empleo. Operar en un contexto de disenso requerirá habilidades diplomáticas y creatividad”.
El acuerdo de la Unión Europea “requiere, entre otras obligaciones, aumentar la duración de las patentes, que se extienden ya por 20 años, establecer nuevas formas de protección para los sectores de productos farmacéuticos y agroquímicos que conlleva a exclusividad de uso de los datos de prueba, y desconocer el uso de nombres geográficos introducidos en nuestro país hace siglos por la propia inmigración europea”, aseguró Correa.
De ser aceptadas éstas y otras propuestas, remarca el especialista, “se reducirá la competencia, frustrarán inversiones y encarecerán los productos en perjuicio de proveedores de salud, pacientes, agricultores y de la economía en general”.
Para Correa, la Unión Europea “puede, naturalmente, ser para la Argentina un socio importante en una etapa convulsionada en las relaciones internacionales. Pero el gobierno debe no sólo demandar coherencia con las políticas delineadas por el Parlamento Europeo, sino ser consistente en su defensa de los derechos humanos y las políticas que alientan la inversión y la creación de empleo productivo local”.
“Ello exige una posición firme respecto de las demandas de expansión de la protección de la propiedad intelectual en las que es también ostensiblemente activo el gobierno estadounidense. La Argentina ya cumple con sus obligaciones internacionales respecto de esa protección; no hay espacio para un experimento que agravaría la situación fiscal del Estado y que afectaría la recuperación económica y perjudicaría vastos sectores de la sociedad”, concluyó el especialista.
