Mundo Profesional
«Una vez más la justicia del trabajo y los abogados laboralistas están siendo víctimas de ataques mediáticos por parte de funcionarios del gobierno, de dirigentes de la oposición y de la entidad que nuclea a las ART, que de alguna manera buscan socavar el fuero del trabajo», advierte el comienzo del mensaje que puede leerse en la web oficial del Colegio.
Brevemente el mensaje recuerda que «aparecieron lamentables expresiones nuevamente donde se menciona a los abogados como “industriales del juicio” y manifestaciones desde los máximos niveles gubernamentales a favor de “…una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte” (sic)», en clara alusión a las palabras del presidente Mauricio Macri que hizo público ese reclamo.
En este sentido los profesionales del derecho dejaron en claro que esos dichos dejan en claro «una ignorancia supina del texto del artículo 14 bis de la Constitución Nacional que obliga a proteger “el trabajo en sus diversas formas… las que asegurarán al trabajador”, soslayando que ningún párrafo de nuestra Constitución Nacional obliga al juez a fallar en contra de los derechos humanos fundamentales».
Advierten ademas que «en ese contexto, se anuncian reformas a la Ley de Riesgos del Trabajo que pretenden imponer la justicia federal en las acciones especiales por accidentes de trabajo, en una nueva afrenta al fuero especializado, que tiene jerarquía superior a nuestra Constitución Nacional, por imperio del art. 36 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, que prescribe que “En cada Estado debe existir una jurisdicción especial de trabajo y un procedimiento adecuado para la rápida solución de los conflictos”. Además se desoye profusa jurisprudencia del máximo Tribunal del país que oportunamente resolviera a favor de la competencia específica de la justicia ordinaria laboral».
Ademas remarcan que «no se puede a esta altura desconocer que en todo proceso laboral están en juego necesidades alimentarias de vastos sectores de la población, por ello los tratados de derechos humanos imponen una justicia especializada, y un proceso ágil, verbal y expeditivo pues se encuentra en juego la salud y la integridad psicofísica del trabajador y su familia, que dependen del salario como único sustento».
Recordemos que los tratados y convenios internacionales de derechos humanos fundamentales son instrumentos normativos autoaplicables y su violación genera responsabilidad internacional del Estado argentino, cuestión no menor en la que los impulsores de estas reformas deberían reflexionar antes de proponerlas.
Preocupa en particular a todos los abogados laboralistas el desinterés de las ART y de los empresarios por invertir en la prevención de los riesgos del trabajo, la falta de cumplimiento de las normas sobre seguridad e higiene, las miserables prestaciones médicas que otorgan estas aseguradoras a la persona dañada y las bajas incapacidades que reconocen, las que inveteradamente son superiores en sede judicial.
«En clara tendencia de dejar sin justicia a los trabajadores, citamos no solo el desvío de los conflictos derivados de un contrato de trabajo hacia la justicia civil y federal, sino también la falta de asignación de recursos, el no-nombramiento de jueces del trabajo y la desjerarquización de la justicia nacional del trabajo que se estaría impulsando desde el PEN», enfatizan desde el Colegio.
Finalmente remarcan que «no se puede agraviar y culpar a los abogados y jueces laboralistas en este tema, y tampoco advertir que el “alto índice de litigiosidad” que tanto preocupa, sólo comenzará a resolverse cuando los empresarios y las ART respeten el art. 19 de la Constitución Nacional que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero».
