Mundo Profesional
Se trata de modificaciones administrativas y legales en cuanto a la matriculación de los profesionales. “El colegio hoy matricula distintas categorías de formación y la ley nacional plantea una matriculación de los licenciados, con los cual el trabajo en conjunto con las universidades es poder lograr que llegue la formación universitaria a la mayor cantidad de lugares”, sostuvo Gauna, al tiempo que aseguró que la cantidad de profesionales que no son licenciados, a nivel nacional “debe estar en 50 y 50, aunque es un estudio que está haciendo la Federación Argentina de Asociaciones de Profesionales de Servicio Social (FAAPSS) hoy”.
El Vicepresidente de la institución, aseguró que si bien llevará su tiempo, “el proyecto es viable. Como la idea es que no sea arancelado, es una planificación más compleja que lleva su tiempo, pero hay varias universidades trabajando en esto”, y afirmó: “Es uno de nuestros desafíos para el 2016”.
Por otro lado, la presidenta del Colegio de Trabajo Social de Buenos Aires, Valeria Redondi, se refirió a las temáticas actuales que atraviesan de llena a la profesión que los nuclea: “Hace mucho tiempo que en el colegio hay espacios institucionales de reflexión, como comisiones de salud, educación, género y derechos humanos y los coordinamos recibiendo demandas también de los colegas”.
Además, la profesional se refirió al campo laboral del Trabajo Social: “Hoy un 47% de nuestros colegas desarrollan su actividad bajo alguna condición de precariedad laboral y eso es el dato más importante”, y aclaró: “Hay incorporación de nuevos colegas pero en este marco de inestabilidad laboral, contratos o becas”.
Para cerrar, Gauna se expresó en relación a las políticas sociales: “Los lineamientos están bien claros con las leyes, que son muy modernas en Argentina, pero el problema actual es el financiamiento”, y puntualizó: “Una vez que está el derecho garantizado a través de una ley la demanda se da en la sociedad y uno se ve interviniendo en una situación sin recursos. Hay cosas básicas, un espacio para atender, insumos y demás, y todo esto tiene que ver con recursos”, y concluyó: “Vemos que los recursos no se han transferido a los municipios, que son los que se tiene que hacer cargo y ahí empieza una serie de subvaloración del derecho que se quiere garantizar”.
