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La preocupación por la presencia de arsénico en el agua de red en varias localidades de la provincia de Buenos Aires volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública luego de que la Multisectorial Lobos advirtiera sobre niveles elevados del contaminante en el suministro local. En este contexto, el doctor en Ciencias Geológicas e investigador especializado Miguel Auge aportó una mirada integral sobre el fenómeno, sus causas naturales, su alcance y los desafíos que plantea para la salud pública y la gestión del recurso hídrico.
“El arsénico en las aguas subterráneas de la provincia no es producto de la actividad humana, sino de origen natural”, explicó Auge, ex titular de la cátedra de Hidrogeología de la UBA y primer director del Instituto de Hidrogeología de Llanuras de Azul. Según detalló, este elemento se encuentra presente en minerales volcánicos que llegaron a la región pampeana a través de cenizas emitidas por erupciones ocurridas en la cordillera de los Andes durante los últimos cinco millones de años. Estas partículas, transportadas por el viento, se acumularon en los suelos de la llanura chaco-pampeana, y al infiltrarse el agua en el subsuelo, disuelven y arrastran consigo compuestos que contienen arsénico.
El Código Alimentario Argentino fija en 0,05 miligramos por litro el límite máximo permitido para que el agua sea considerada potable. Sin embargo “el 87% del territorio bonaerense supera ese valor”, es decir, alrededor de 300.000 kilómetros cuadrados presentan agua subterránea con concentraciones mayores, dijo el especialista en diálogo con Radio La Plata, aunque aclaró que paradójicamente, el 91% de la población provincial habita en zonas donde el agua cumple con la normativa vigente, lo que evidencia una distribución desigual del problema.
Las áreas con menores concentraciones de arsénico se encuentran en el noreste provincial, desde La Plata hacia el norte a lo largo del río de la Plata y el río Paraná, así como en los principales balnearios del litoral atlántico. También presentan valores bajos el corredor que se extiende desde Mar del Plata hasta Bolívar y luego hacia el suroeste. En contraste, las zonas más afectadas —con niveles que superan los 0,1 miligramos por litro— están localizadas principalmente en el oeste bonaerense: Trenque Lauquen, Carlos Casares, Salliqueló, Espartillar, y también en regiones cercanas a Bahía Blanca y la cuenca de San Borombón.
Auge también alertó sobre una problemática que va más allá de los valores químicos: el silencio o desconocimiento social sobre el tema. “El arsénico sigue siendo un tabú en muchos lugares”, señaló, al tiempo que reconoció que en algunas pequeñas comunidades, incluso con niveles elevados del elemento, no se han reportado afecciones evidentes en la salud. Esto se debe, en parte, a la falta de estudios concluyentes y abarcativos sobre la incidencia real del arsénico en el organismo humano. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) establece un límite provisional aún más estricto —0,01 miligramos por litro— precisamente porque no cuenta con datos científicos suficientes para fijar un valor definitivo.
La remoción del arsénico del agua presenta además dificultades técnicas y sanitarias. Auge advirtió que métodos como la ósmosis inversa, aunque efectivos para reducir la concentración del contaminante, producen un agua casi destilada que no es recomendable para el consumo sin tratamiento posterior. A esto se suma la complejidad del manejo de los residuos generados, ya que el arsénico queda retenido en las membranas filtrantes, que deben ser descartadas de manera segura para evitar nuevas formas de contaminación. “Además, después hay que tratar esa agua para reponerle sales esenciales”, explicó el geólogo.
El problema del arsénico en el agua bonaerense, por su dimensión territorial y la complejidad técnica que supone su tratamiento, se erige como un desafío que requiere de una mirada multidisciplinaria, políticas públicas sostenidas y una mayor concientización ciudadana. Mientras tanto, miles de personas siguen dependiendo de fuentes hídricas subterráneas cuya seguridad sanitaria aún está en discusión.
La transparencia en el diagnóstico, la inversión en soluciones adecuadas y la articulación entre la ciencia, el Estado y la sociedad serán clave para enfrentar esta amenaza silenciosa que, aunque natural, no puede ser ignorada.
