Mundo Profesional
El Distrito 9 del Colegio de Arquitectos se manifestó a favor de la Moratoria de Construcciones que intenta implementar el gobierno de General Pueyrredón, atendiendo que la medida se enmarca en una política de incentivo a la economía local, buscando la reactivación después de la crisis.
De todas maneras desde la entidad profesional recordaron que históricamente se mostraron en contra de moratorias o amnistía, debido a que tratan de normalizar obras que se realizaron sin control y sin la supervisión de una profesional.
«En el caso de las construcciones antirreglamentarias, las mismas transgreden normas técnicas y urbanísticas que perjudican el hábitat común, y donde en los casos más graves estas infracciones esconden una especulación que sólo persigue beneficios económicos imposibles de generar en la legalidad», remarcaron desde el Colegio.
Agregaron que con construcciones que se realizaron «evadiendo el control público y de policía que ejerce el Municipio, y los aportes profesionales y previsionales obligatorios», por lo que un proceso de regularización «debe implicar un resarcimiento económico, por parte de los responsables, a la sociedad e inclusive demoliciones en algunos casos».
De todas maneras y exclusivamente en lo que respecta a la moratoria que el ejecutivo local mantiene en carpeta, los profesionales consideraron que «forma parte y es un eslabón más de una ordenanza que persigue el incentivo de la construcción en nuestra ciudad como paliativo para la profunda crisis económica y de desempleo por la que transita».
Además «en este contexto de emergencia la comuna necesita recaudar tasas e incorporar metros cuadrados a su catastro como herramientas para atender las demandas que la ciudad reclama» admitieron los arquitectos y resaltaron que «los planes de vivienda propia que a nivel nacional y provincial se están implementando no deben demorarse ni perder capacidad frente a irregularidades que muchos beneficiarios poseen en sus propiedades, y en el caso de viviendas de sectores más necesitados permitirá a la Municipalidad relevar necesidades en servicios e infraestructura, e implementar operatorias de regularización dominial».
Finalmente reconocieron que «en el caso particular de nuestra matricula es imperioso generar actividad y desarrollo profesional», aunque dejaron en claro que «tenemos observaciones y aportes que ya han sido planteadas por la institución en la Comisión de Obras del Honorable Concejo Deliberante.
«Es inviable sostener el acogimiento a este beneficio por 365 días como sugiere el proyecto» porque en esa plazo «pueden realizarse más de una obra completa y ampliaciones de todo tipo si no hay un control de policía por parte del Municipio, creando una suerte de liberación de las obras», remarcaron desde el CAPBA9.
Además «la dependencia encargada de realizar los controles de obra está debilitada operativamente por escases de infraestructura y recursos humanos», por eso la propuesta incluye acortar el plazo de adhesión a 90 días y crear un fondo especial para equipar a la Secretaría de Obras, para que amplíe su capacidad de fiscalización.
