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La entidad profesional bonaerense se metió de lleno en la polémica. Sostuvieron que las prisiones domiciliarias se analizaron “caso por caso” y pidieron mayor presupuesto para abatir la sobrepoblación.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires salió al cruce de las denuncias contra varios jueces luego de la polémica por la “liberación de presos”.
Sucede, que en el comunicado que titularon “sobrepoblación carcelaria en contexto de pandemia”, los profesionales señalaron que las cárceles existentes en la provincia, que dependen del Poder Ejecutivo, son insuficientes para albergar a la cantidad de personas privadas de libertad que genera cada año el sistema judicial. “Hay 45.000 internos para 24.000 lugares”, expresaron.
En tal sentido solicitaron recursos para mejorar la sanidad de los establecimientos, la construcción de más plazas y la compra de elementos que permitan monitorear las medidas alternativas de encierro. De esta manera aclararon que “Las políticas públicas deben orientarse a equilibrar el sistema” por lo que “los magistrados y funcionarios judiciales no establecemos las políticas públicas, no edificamos cárceles, ni compramos tobilleras. Actuamos aplicando las leyes por mandato constitucional”.
Por lo que sostuvieron que “es necesario asignar mayor presupuesto para garantizar la sanidad en las unidades penitenciarias y construir más lugares de alojamiento, así como para que se adquieran tobilleras electrónicas, botones antipánico u otros sistemas de monitoreo confiables, a fines de optimizar la protección de la ciudadanía”.
En relación a la polémica por la fake news de la liberación de presos, desde el Colegio aclararon que “el Tribunal de Casación provincial fijó posición haciendo lugar a una acción de Hábeas Corpus colectivo interpuesto por Defensores Oficiales” sin embargo “cada juez ha evaluado los casos concretos”.
Con respecto a este último punto, donde luego de que el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa amenazara con impugnar dichas resoluciones indebidas, llevadas a cabo por jueces, la institución bonaerense salió al cruce y expresó su rechazo “a la injerencia indebida de quienes pretenden incidir o sancionar a los magistrados por los contenidos jurídicos de sus decisiones jurisdiccionales”.
