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Tras haberse conocido la noticia de la extracción de aproximadamente 383 kilogramos de monedas del lecho del río Iguazú, el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que alerta sobre los riesgos ambientales asociados a la práctica cultural de arrojar estos objetos de metal en destinos turísticos.
Desde la institución señalaron que “lejos de tratarse de un gesto simbólico inocuo, el arrojo sistemático de monedas en cuerpos de agua constituye una fuente concreta de contaminación química”. En ese sentido, explicaron que las monedas están compuestas por aleaciones metálicas —como cobre, níquel y zinc— que, al permanecer en contacto con el agua, sufren procesos de corrosión y oxidación.
Como consecuencia, indicaron que “se produce la liberación de iones metálicos que alteran la composición fisicoquímica del agua y pueden resultar tóxicos para la biota acuática”. Según el organismo, incluso en bajas concentraciones estos compuestos pueden generar efectos adversos en peces, invertebrados y microorganismos, afectando funciones esenciales como la respiración y el metabolismo.
El Consejo de Química también advirtió sobre los efectos acumulativos de este tipo de contaminación: “los metales liberados tienden a acumularse en sedimentos y organismos vivos, dando lugar a procesos de bioacumulación que amplifican su impacto a lo largo del tiempo”.
En relación con la situación específica de las Cataratas del Iguazú, remarcaron que se trata de un ecosistema de alta sensibilidad ambiental, donde “la magnitud del material extraído evidencia que se trata de un fenómeno persistente, cuya acumulación progresiva puede comprometer el equilibrio ecológico y la calidad ambiental del sistema”.
En este contexto, la entidad subrayó la importancia de promover cambios de conducta a través de la educación ambiental: “se subraya la necesidad de desalentar este tipo de prácticas mediante acciones de concientización y educación ambiental basadas en evidencia científica”. Asimismo, destacaron la importancia de fortalecer las políticas de prevención, control y monitoreo en áreas protegidas.
Finalmente, el Consejo consideró necesario avanzar en acciones concretas de seguimiento ambiental. Así, se consideró propicio “que las autoridades ambientales locales tomen muestras de aguas de manera periódica, a los efectos de cotejar los valores guía de protección para la vida acuática en cuerpos de agua dulce superficial”, así como también comunicar estos resultados a la población.
La entidad concluyó que la protección de los recursos hídricos “requiere del compromiso colectivo y de una comprensión clara de los procesos químicos que subyacen a problemáticas que, aunque cotidianas, no están exentas de consecuencias”.
