Mundo Profesional
El gobierno nacional dispuso que las empresas de medicina prepaga tendrán un plazo de 90 días corridos para presentar los datos de su facturación, número de afiliados y valor de los planes que ofrecen, entre otros puntos que serán la base para el plan de categorización de estas empresas..
El objetivo es dividir a las compañías en tres segmentos, “disponiendo los requisitos específicos que se deberán acreditar para integrar cada clasificación, así como los requisitos y obligaciones que deberán cumplirse en cada caso”, para lo cual previamente deberán aportar datos actualizados sobre la totalidad de sus planes de cobertura total y parcial que comercializa al público en general, cartillas, padrón de usuarios actualizado, cuotas percibidas y promedio, y balance general, entre otros puntos.
Vencido ese plazo las firmas quedarán incluidas en alguna de estas tres categorías:
*Tipo A: Son aquellas que brinden al menos un plan de cobertura integral, cuenten con más de 50.000 afiliados y su cápita promedio resulte igual o superior a $4.000, valor que será actualizado en la misma proporción y oportunidades en que se hagan efectivos los aumentos de cuotas de los planes prestacionales.
*Tipo B: lo integrarán las firmas que también brinden al menos un plan de cobertura integral, pero no cumplan con el resto de los requisitos anteriormente mencionados.
*Tipo C: estará integrado por las compañías que no cumplan con ninguna de las condiciones establecidas en los puntos anteriores.
Indistintamente de su categoría, las entidades deberán brindar la información requerida en la resolución del gobierno nacional, exponiéndose a una auditoría de la Superintendencia de Servicios de Salud en el caso de que no lo hicieran.
Además en cada categoría se dispondrán mecanismos de control determinados, en las del grupo A se designarán síndicos, auditores y veedores fijos para cada caso, en tanto que para la categoría B los cargos serán rotativos, y finalmente para el último segmento, solo habrá inspecciones “en caso de sospecha o denuncia de irregularidades”, frente a la documentación presentada.
También se informó que a partir de la entrada en vigencia de las nuevas categorías, las empresas tendrán un plazo de 30 días para informar los cambios y solicitar la recategorización si fuera necesario.
