Mundo Profesional
Las declaraciones del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, contra la obligatoriedad de la colegiación profesional y los aportes económicos que deben realizar los profesionales para ejercer generaron un rechazo generalizado entre entidades bonaerenses. Los colegios de Médicos, de Terapia Ocupacional y de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires, entre otros, cuestionaron sus planteos y advirtieron que debilitar estas instituciones puede comprometer el control del ejercicio profesional y la protección de la salud pública.
Las críticas surgieron luego de la participación del funcionario en el AmCham Health Forum 2026, donde el funcionario cuestionó la existencia de los colegios médicos y calificó de “ridículo” que los profesionales deban pagar para ejercer su actividad, distorsionando la realidad del funcionamiento de las entidades profesionales.
El Colegio de Médicos: la colegiación como garantía sanitaria
El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires advirtió que reducir la colegiación a un costo económico implica desconocer sus responsabilidades legales, éticas y sanitarias. Además de fiscalizar el ejercicio profesional, destacó su función en la defensa jurídica de los médicos, la formación continua y el acompañamiento ante conflictos laborales.
La entidad sostuvo que avanzar hacia la desregulación podría profundizar la precarización laboral y poner en riesgo la seguridad de los pacientes. En ese sentido, reclamó que cualquier reforma contemple la participación de los colegios y respete sus competencias legales.
CoTOBA: controlar para proteger a la población
El Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires (CoTOBA) también rechazó los dichos del ministro y remarcó que la matrícula no constituye un impuesto ni un obstáculo para trabajar, sino una herramienta para garantizar que quienes brindan prestaciones sanitarias cuenten con formación habilitante y ejerzan dentro de los marcos legales y éticos.
La institución, presidida por Claudia Spidalieri, recordó que la Ley 15.200 le otorga atribuciones para gobernar la matrícula, fiscalizar el ejercicio de la Terapia Ocupacional e intervenir ante situaciones de ejercicio ilegal.
Desde el Colegio alertaron que debilitar estos organismos puede dejar a la ciudadanía con menos garantías, especialmente en áreas sensibles como la rehabilitación, la discapacidad, la salud mental y el desarrollo infantil.
Odontólogos: modernizar no significa desregular
Por su parte, el Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires sostuvo que la colegiación cumple una función pública y social que excede ampliamente la emisión de una matrícula. Entre sus competencias, establecidas por la Ley 12.754, se encuentran el control ético, el poder disciplinario, la prevención del ejercicio ilegal y la fiscalización de consultorios y establecimientos odontológicos.
La entidad reconoció que simplificar trámites y reducir costos son objetivos legítimos, y que los aportes deben ser razonables, proporcionales y transparentes. Sin embargo, señaló que una credencial digital o la acreditación de un título no reemplazan los mecanismos de supervisión y control.
En esa línea, defendió una regulación moderna, eficiente y transparente, que respete las competencias provinciales y garantice el ejercicio responsable de la profesión.
Un debate que trasciende los costos
Con distintos argumentos y desde sus respectivas disciplinas, los tres colegios coincidieron en que la discusión sobre los costos y la simplificación administrativa no puede desconocer el papel de las instituciones profesionales en la protección de la comunidad.
El planteo de fondo es quién garantiza la idoneidad, quién interviene ante faltas éticas y quién combate el ejercicio ilegal si se debilitan los organismos que hoy tienen esas responsabilidades. Para las entidades bonaerenses, defender la colegiación no significa sostener burocracias, sino preservar mecanismos de control que resguardan tanto a los profesionales como a quienes confían en sus servicios.
