Mundo Profesional
El controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, impulsado por el presidente Javier Milei, comenzó a regir este viernes a pesar de la intensa batalla legal que enfrenta. Más de 25 amparos presentados ante la Justicia buscaban suspender los efectos de esta medida que propone una significativa desregulación económica en Argentina.
En materia profesional,, el decreto desregula la venta de medicamentos, prácticamente deroga la ley de Salud Mental y modifica las incumbencias de escribanos y abogados, en varias instancias, por lo que generó un fuerte rechazo de los Colegios, Consejos Profesionales y otras entidades, que en muchos casos sumaron presentaciones a la justicia.
La entidades farmacéuticas realizarán este viernes una marcha a tribunales para realizar una presentación advirtiendo sobre el riesgo sanitario que implica liberar la venta de medicamentos y autorizar su comercialización por fuera de las farmacias, perdiendo trazabilidad y sin control de profesionales matriculados. La medida del gobierno busca además favorecer a las denominadas «Farmashopping», en desmedro del modelo sanitario vigente en la mayoría de las provincias.
Otros de los sectores fuertemente afectados es el de la salud mental, ya que el DNU propone la vuelta al modelo del manicomio y elimina buena parte de la Ley vigente, privilegiando los tratamientos de encierro y medicamentosos por sobre las terapias alternativas.
Para el caso de los abogados, se recorta su actuación en trámites como el divorcio y otras instancias de división de bienes, atento que se limita incluso la actuación de la justicia. Algo similar a lo que ocurre con los escribanos frente a la firma de contratos «entre privados», que no requieran registro oficial.
El DNU 70 fue firmado por Milei y miembros de su Gabinete, siendo publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre. La entrada en vigencia, programada ocho días después, ha generado un escenario de disputa jurídica con organizaciones sociales, sindicales, abogados constitucionalistas y ciudadanos particulares presentando una treintena de amparos.
En el fuero Contencioso Administrativo Federal de Buenos Aires, hasta el mediodía del jueves, se habían registrado al menos 25 amparos, junto con otros dos presentados por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) ante la justicia del Trabajo, según informó Télam tras un exhaustivo relevamiento.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari rechazó una medida cautelar solicitada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, argumentando que las disposiciones del DNU aún no habían entrado en vigencia según el Código Civil y Comercial Nacional.
Mientras tanto, la CGT apeló la decisión del juez nacional del Trabajo Ignacio Ramonet, quien desestimó una medida cautelar «interina» vinculada al capítulo IV del Decreto, relacionado con la reforma laboral. Aunque el magistrado concedió la apelación, la tramitación se vio afectada por fallas del sistema judicial LEX, lo que llevó a la habilitación de días inhábiles para acelerar el proceso.
En una declaración conjunta, los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, argumentaron que el DNU busca imponer una reforma laboral sin recurrir al Congreso, afectando tanto aspectos individuales como colectivos.
Este caso marca la primera intervención de un Tribunal de Apelaciones en relación al DNU, específicamente en lo referido a las normas de índole laboral. Los sindicalistas solicitan una medida cautelar de «no innovar» y la suspensión del Título IV del DNU 70.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó otra demanda solicitando la suspensión total del DNU mientras tramita su amparo contra la norma. Destacó la inclusión de una «cláusula de ratificación» en el proyecto de Ley para sesiones extraordinarias presentado por el Gobierno, interpretándolo como un reconocimiento de que las reformas propuestas podrían tratarse en el Congreso Nacional.
Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Confederación Argentina de Deportes presentaron demandas en el fuero Contencioso Administrativo Federal, cuestionando la constitucionalidad del DNU. El CELS argumenta que el decreto se aparta del principio de división de poderes y restringe derechos, mientras que la Confederación Argentina de Deportes también busca impugnar la medida.
En La Plata, el juez federal Alberto Recondo rechazó una acción declarativa de inconstitucionalidad, argumentando que solo el carácter de ciudadano no otorga legitimación activa. Este fallo destaca la complejidad y la diversidad de argumentos planteados contra el controvertido DNU 70/2023. La entrada en vigor de esta medida sin una resolución judicial previa promete intensificar el debate sobre la legalidad y los alcances de la desregulación económica propuesta por el presidente Javier Milei (con información de Telam).
