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Ante el incremento del 60% de las filtraciones y el 271% de incremento en el presupuesto, la Federación Argentina de Colegios de Abogados expresó la divulgación de los mismos en medios y programas periodísticos.
Según la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) del Poder Judicial, en la actualidad, “el número total de líneas interceptadas por mes, es de 6.000, de las cuales sólo 69 son líneas directas”. El año pasado en número fe de 41.000.
El número es considerablemente alto si tomamos en cuenta que durante el gobierno kircherista, el órgano que estaba a cargo era el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), realizaba un promedio mensual de 3.850 líneas.
Además, cabe destacar que no solo crecieron el número de escuchas, sino también el presupuesto para el departamento a cargo de su realización donde se pasó de 209 millones de pesos en 2017, a 777 millones en 2019, representando un aumento del 271%.
Lo cierto es que en esa multiplicación de escuchas también comenzó la difusión de las escuchas que no deberían salir de la dirección en la que se realizan.
Ante esto, la Mesa Directiva de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.) manifestó “su profunda preocupación ante la divulgación, en medios y programas periodísticos, de conversaciones telefónicas grabadas a personas detenidas, y mucho más aún si éstas hubieran sido mantenidas con sus abogadas o abogados defensores”.
En tanto, desde la ONU también emitieron su descontento a través de un informe donde ponen de manifiesto su preocupación porque el sistema de vigilancia “tiene varias vulnerabilidades inherentes” que se derivan del “uso excesivo de las interceptaciones”, de la “debilidad de los controles en la cadena de custodia” y de “la falta de un control independiente sobre el uso de las interceptaciones”.
En este sentido, de la Federación del Colegio de letrados, sostuvieron que más allá de que las escuchas “deriven de una orden judicial, tales procederes conformarían violaciones al ejercicio del derecho de defensa y secreto profesional, afectando las garantías y derechos humanos de las personas investigadas, y el normal desarrollo del proceso en el cual pretendan ser utilizadas”.
De esta manera, los representantes de los Colegios de Abogados le solicitaron a las autoridades pertinentes “que se investiguen las conductas que pondrían en vilo los derechos constitucionales de las personas involucradas en las escuchas y que conculcan el ejercicio profesional de la abogacía. Asimismo, se determinen las responsabilidades que pudieren corresponder tanto en sus interceptaciones como su entrega a medios y programas periodísticos, y se arbitren los medios necesarios para evitar situaciones similares en el futuro”.
