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El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires ha emitido una declaración enérgica en contra del proyecto de ley 3287-D-2023, conocido como «Proyecto de Ley sobre Divorcios en Sede Administrativa.» Este proyecto de ley, presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, tiene como objetivo principal permitir la tramitación de divorcios vinculares a través de un proceso administrativo en lugar de depender exclusivamente de la decisión de un juez o jueza, como establece el Código Civil y Comercial de la Nación hasta la fecha.
La iniciativa, propuesta por la diputada nacional María Eugenia Alianiello, busca modificar los artículos 435, 437 y 438 del Código Civil y Comercial de la Nación para ampliar las opciones de cómo poner fin a un matrimonio. Según el proyecto, el divorcio en sede administrativa solo sería posible si se cumplen los siguientes cinco requisitos:
- Existencia de acuerdo entre las partes involucradas.
- Ausencia de hijos matrimoniales.
- Falta de reclamos de alimentos o compensación económica entre los cónyuges, con renuncia expresa.
- Inexistencia de bienes registrables comunes o gananciales.
- Elección del régimen de separación de bienes.
En caso de no cumplir con estos requisitos, el divorcio seguiría tramitándose exclusivamente por vía judicial.
El proyecto argumenta que el Código Civil y Comercial, en vigor desde agosto de 2015, eliminó las causales subjetivas imputables a uno de los cónyuges para permitir el divorcio vincular, lo que llevó a una modalidad objetiva en la que el divorcio puede ser solicitado de común acuerdo, a petición de uno de los cónyuges o por decisión judicial, independientemente de los efectos que pueda generar.
Además, se señala que varios países, como Rusia, Japón, Portugal, México, Costa Rica, República Dominicana, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Lituania y Ucrania, ya han implementado, con diferentes requisitos, la posibilidad de tramitar el divorcio vincular en sede administrativa.
La adición de esta vía administrativa para el divorcio busca simplificar y hacer más accesible el proceso de separación, en línea con una tendencia global hacia la simplificación de los procedimientos civiles existentes.
No obstante, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires se opone firmemente a esta propuesta, argumentando que trasladar los divorcios fuera del ámbito de la justicia especializada en Derecho de Familia podría generar disputas judiciales costosas y prolongadas, así como nulidades en acuerdos celebrados sin pleno entendimiento o en situaciones de vulnerabilidad. Además, consideran que esto va en contra de los principios fundamentales de la división de poderes y la administración de justicia en el Estado de Derecho.
