Los mandamientos que regulan la edificación en la ciudad de La Plata fueron, en parte, el resultado del trabajo técnico desarrollado por varias instituciones y notables profesionales ligados a la Industria de la Construcción, a partir de propuestas procesadas durante más de dos años desde las dependencias técnicas del Departamento Ejecutivo Municipal.
Posteriormente y conforme a los pertinentes procedimientos de labor legislativa, los proyectos de ordenanzas fueron remitidos al Honorable Concejo Deliberante -para su estudio, opinión y revaloración- quien finalmente sancionó, con algunas modificaciones, las normativas que rigen los aspectos edilicios y urbanísticos a ser respetados por profesionales y vecinos.
Especialistas de diferentes áreas, tanto planificadores, urbanistas y ambientalistas como representantes del comercio y la industria, gremios y vecinos en asambleas barriales por cada Delegación, participaron en la confección preliminar del plexo normativo vigente. Y lo hicieron con probada honestidad intelectual.
El Partido de La Plata tiene hoy una población cercana a las 800 mil personas, que a razón de no menos de 15 mil habitantes cada año, una tasa superior a la media nacional. La Región ha dejado muy atrás su fiel -y tal vez único- perfil administrativo y universitario propio de sus aires de capital para incluir las actividades productivas características de las grandes urbes que detentan varios ejes de desarrollo. Así el Gran La Plata se potencia actualmente con la incorporación de nuevos accesos y el pujante impacto regional que viene de la mano del nuevo puerto de contenedores de Berisso, entre otros emprendimientos. Mientras que una de cada cuatro familias -directa o indirectamente- son sostenidas por la Industria de la Construcción en la Región.
Complementariamente, el auge del turismo vinculado a nuevas expresiones de la actividad social en lo cultural y lo histórico, ha acelerado todas las dinámicas afectando invariablemente la configuración urbana y territorial. Las empresas de servicios y de la construcción locales y advenidas han observado este fenómeno, decidiendo sostener, ampliar o crear inversiones en diferentes escalas.
Ante este panorama, la ciudad debe (y puede) preparase para satisfacer una demanda calculada en varias miles de nuevas viviendas por año (con sus emergentes arquitecturas de equipamiento urbano) alentado por exitosos Planes Nacionales de financiación. Advertimos que estos deben ser acompañados de las infraestructuras mínimas que los sustenten, combinando esfuerzos entre el estado y las iniciativas privadas para tal finalidad.
Creemos que hay muchas cosas para debatir y mejorar en el proyecto de Ciudad y Región que todos anhelamos. Como cualquier objetivo que pretenda conjugar tantas opiniones e inquietudes, pueden darse muchos análisis diferentes, más aún ante la positiva y evidente dinámica social, la participación popular y la aparición de nuevas variables que se agregan con el paso del tiempo.
En esa línea de cooperación, ponemos al servicio de nuestros representantes políticos el saber, la honestidad y las proactivas intenciones técnicas para constituir un núcleo de pensamiento colectivo y plural, que permita planificar desarrollos equilibrados y sustentables a partir de una herramienta indispensable: un Plan General al cual se refieran todas las iniciativas de crecimiento con inversiones genuinas sean públicas o privadas.
Este ordenamiento deberá a su vez tener una adecuada inversión económica sostenible desde los respectivos entes concesionarios de servicios básicos, que se fundamente a partir de los ejes de desarrollo hoy vigentes e incluya -a mediano y largo plazo- los que resulten avalados y definidos por las proyecciones que aporte el nuevo Plan.
Pero a los fines de pacificar y equilibrar los debates venideros, deben rechazarse las falsedades que acusan a la industria de la construcción (la arquitectura, el desarrollo urbano, la ingeniería) de la mayoría de los males que afectan la calidad de vida del vecino. No aceptamos el maltrato a tales nobles profesiones, antes sinónimo de progreso y hoy defenestradas en la percepción de una parte de la población. No puede ser que quien elabora proyectos normativamente viables y solicite permiso se vea cuestionado, mientras que el crecimiento de la periferia platense, se desarrolla principalmente con obras clandestinas sin la figura de un profesional a cargo. ¿No debiéramos trasladar allí el foco de las quejas?
El estado municipal tiene el indelegable poder de policía sobre la construcción y por ello debe controlar el ejercicio de esta industria sin desalentarlo. Los emprendimientos públicos y privados tienen el mismo significado desde el soporte legal. Y las eventuales infracciones y sus consecuentes sanciones, particularmente las multas, bien pueden redundar en “beneficios” para ser aplicados convenientemente en el lugar que es de todos, el espacio público.
No defendemos la Industria de la Construcción solamente desde una mirada miope, egoísta o corporativa. Tampoco lo hacemos por el sólo hecho de sustentar las fuentes de trabajo de miles de familias que viven en nuestro territorio, lo cual supone un factor relevante desde el punto de vista económico y social. Lo que propiciamos es hacer del ejercicio profesional, un bien común. Principalmente, los arquitectos, junto a otras profesiones de ley, somos quienes podemos interpretar las demandas que devienen de la expansión planificada y controlada de nuestro hábitat.
Entonces, es propicio y urgente reconciliar al vecino de a pié con la Industria de la Construcción y las profesiones que la integran, como motor indefectible del crecimiento armónico y sustentable de nuestra Región Capital.