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En el marco del ajuste fiscal que lleva adelante el gobierno nacional, se publicó en el Boletín Oficial la suspensión y caducidad de pensiones no contributivas por invalidez. Ante esto, desde la AFAPPREI y CoPAT repudiaron el arbitrario decreto.
El gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la resolución 268/2018 de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde señaló que «mediante la Disposición Nº 217/2018 de esta Agencia Nacional de Discapacidad, se aprobó el circuito administrativo de notificación de incompatibilidades con el Decreto Nº 432/97, de suspensión y caducidad de pensiones no contributivas por invalidez».
Desde AFAPPREI (Asociación de Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión) y CoPAT (Coordinadora Provincial de Acompañantes Terapéuticos) “repudiamos la resolución 268/18 que reafirma la aplicación decreto 432/97, el cual es inconstitucional ya que contradice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
“Eliminar las pensiones significa anular el mínimo ingreso y cualquier mínima perspectiva de autonomía de las personas con discapacidad, reforzando vínculos de dependencia familiares y convirtiéndolos en posibles sujetos beneficiarios de alguna ONG, no reconociéndolos como sujetos de derecho y con posible desarrollo laboral”, expresaron.
El criterio de asignación de pensiones no contributivas se modificó después de 2001 tomando en consideración la situación de vulneración del colectivo, ya que la condición de discapacidad lo es en tanto su interacción con las barreras sociales más allá de un diagnóstico, de acuerdo al modelo social de la discapacidad.
“Por el contrario, el decreto 432/97, se sostiene en el modelo médico; según el cual las pensiones se otorgan a quiénes demuestren una incapacidad laboral del 70%, esto implica, por lo otro lado, que ya no serán otorgadas pensiones a niños con discapacidad”, afirmaron desde las Asociaciones y advirtiendo que de esta manera se está“violando el artículo 7 de la Convención que establece que los Estados deben garantizar el ejercicio de todos sus derechos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños, y para ello establece que se deberá garantizar el acceso a programas de protección social”.
