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Luego de la controversia desatada en torno a una resolución del ministerio de Educación de la Nación que pretendía clarificar los alcances del término “trabajos topográficos y geodésicos”, desde el Colegio de Ingenieros bonaerense rechazaron la interpretación que de esa resolución realizaron en el Consejo de la agrimensura, asegurando que pretende limitar las prácticas profesionales para las cuales se encuentran calificados y habilitados los ingenieros civiles desde siempre.
En una nota cursada a los intendentes bonaerenses los dirigentes agrimensores advierten que «ha quedado definitivamente establecida la falta de incumbencias de los Ingenieros Civiles para la realización de mensuras”. Sin embargo desde el Colegio de Ingenieros indicaron que «la cuestión relacionada con el alcance de los términos “trabajos topográficos y geodésicos” no ha quedado definitivamente resuelta», ya que “contra la mencionada resolución han sido interpuestos varios recursos jerárquicos”, y advirtieron que «aunque el citado acto quedara firme, no tendría los alcances que pretende asignarle la corporación agrimensoril».
«Es ridículo pensar que un profesional pueda proyectar, dirigir y/o ejecutar un edificio, con todas sus instalaciones complementarias, pero que una vez finalizado no pueda medirlo, porque para llevarlo del plano al terreno- en tal especialidad– son necesarios los mismos conocimientos que para realizar las tareas de mensura» sostuvo Beliera y aseguró que «vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar el libre ejercicio profesional de nuestros matriculados».
Agregó además que los «ingenieros civiles, como todos los profesionales, poseen un derecho que han adquirido e incorporado a su patrimonio al obtener su título habilitante de las competencias otorgadas por el respectivo plan de estudios» y ninguna «modificación efectuada con posterioridad puede alterar ese derecho sin ser calificada de ilegal, y contraria a la Constitución Nacional», porque como ha sostenido el mismo Ministerio de Educación de la Nación, «al egresado se le reconocen las competencias o incumbencias que la Universidad le ha reconocido a la fecha en que ingresó a la carrera, no pudiendo su título ser alcanzado por ninguna modificación que se produzca posteriormente», enfatizó Beliera.
Como respuesta al libelo que recibieron los intendentes, el Colegio de Ingenieros envió también una notificación aclaratoria dirigida a los jefes comunales en la que se advierte que «todo accionar, ya sea de parte de entidades oficiales, privadas o particulares, que impida, limite, o de cualquier manera entorpezca el ejercicio de la profesión de los Ingenieros Civiles, resultará arbitrario e ilegal, y hará responsable a quien lo ejerza de las consecuencias jurídicas que traiga aparejado su accionar».
Finalmente, los ingenieros afirmaron que en el caso de ratificarse la resolución ministerial, la mensura quedaría en un futuro, bajo exclusiva incumbencia de agrimensores, lo cual necesariamente encarecería los costos que pagan los vecinos, porque se reduciría drásticamente la cantidad de profesionales habilitados para realizar esas tareas, impactando además negativamente en los plazos de ejecución, sobre todo teniendo en cuenta que en la gran mayoría de los distritos de la provincia la cantidad de agrimensores es muy limitada.
