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El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) respondió con dureza a las acusaciones de la Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS), que le había atribuído al organismo dirigido por Homero Giles la responsabilidad por el quiebre de varias clínicas privadas en la región.
En un comunicado firmado por el jefe de gabinete de IOMA, Gustavo Martínez, se apuntó a “intereses políticos” detrás de estas críticas, negando además cualquier retraso en el pago de las prestaciones.
El comunicado de IOMA sostiene que las dificultades financieras que enfrentan las clínicas privadas bonaerenses son consecuencia de “un modelo político y económico que cree que la mano invisible del mercado todo lo regula”, en referencia directa al gobierno de La Libertad Avanza. “La crisis económica que atraviesa Argentina es el resultado de las medidas impulsadas por el Gobierno Nacional de Javier Milei, que tiene, entre otras, la concepción de que el libre mercado lo resuelve todo”, afirmó Martínez.
Una de las políticas señaladas como causantes de una “crisis sin precedentes” en el sistema de salud es la “liberalización de precios”. Martínez explicó que esta medida ha llevado a que las clínicas y sanatorios enfrenten problemas de costos fijos y de sostenimiento diario, obligándolas a reducir sus servicios y no actualizar los salarios de su personal.
El jefe de gabinete detalló que los salarios representan entre el 55% y el 65% del presupuesto necesario para mantener operativas a las clínicas. “No es culpa del IOMA que no se puedan enfrentar estos costos”, subrayó, refutando así las declaraciones del gerente de CAPRESS, Alejandro Rodi, quien había afirmado que más de 15 establecimientos en la provincia de Buenos Aires estaban al borde del cierre debido a la demora en los pagos por parte de IOMA.
Martínez aseguró que “no es cierto que esta situación se debe a que la obra social paga las prestaciones a 60 o 90 días como sostienen ciertos sectores con intereses políticos para desprestigiar a la obra social”. Según el funcionario, IOMA paga a las clínicas 45 días después de haberse emitido la factura, y enfatizó que la obra social ha priorizado el manejo financiero para evitar atrasos en los pagos.
Además, Martínez desmintió que IOMA tenga responsabilidad en los aumentos salariales del sector, explicando que estos se regulan según los convenios colectivos de sanidad, que este año han registrado un incremento del 46%. Atribuyó el deterioro de la situación de las clínicas a la desregulación promovida por el gobierno de Milei, que ha provocado aumentos desmedidos del 113% en medicamentos e insumos.
También recordó el cierre en diciembre del Programa Nacional de Fortalecimiento de los Equipos de Salud (FESCAS), que brindaba apoyo financiero a las clínicas privadas. Este programa, creado en 2022, representaba un presupuesto significativo para 1340 clínicas en todo el país, de las cuales el 37% están en la provincia de Buenos Aires. La finalización de FESCAS, según Martínez, ha contribuido al cierre y la reducción de prestaciones en las clínicas, además de aumentar los costos para las obras sociales.
Finalmente, el funcionario resaltó que IOMA ha otorgado aumentos a las clínicas por encima de la inflación en lo que va de 2024, con incrementos acumulados del 87.5% frente a una inflación del 64.87%, lo que representa un aumento real del 14% en los ingresos. “Nuestra obra social desde el inicio de su gestión le dio prioridad al manejo financiero, es por esto que en ningún momento dejó de pagarles a las clínicas”, concluyó Martínez.
