Mundo Profesional
El Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires salió a rechazar la castración ilegal de caninos y felinos y aseguró que la práctica “compromete la salud del total de la población”.
Si bien reconoció que la esterilización quirúrgica es el método “más difundido y de rápida resolución para el control del crecimiento poblacional“, el Colegio advirtió por diversos episodios que se llevaron a cabo fuera de la ley en la provincia.
“Se debe cumplir efectivamente la normativa, teniendo en cuenta que de no desarrollarse en las condiciones estipuladas por ley, se incurre no sólo a una falta legal si no que se perjudica la salud y bienestar del animal, y se compromete la salud del total de la población“, remarcó, y les pidió a las autoridades que “no ignoren la situación”.
En ese sentido, recordó el “lamentable antecedente de la localidad de Merlo“, cuando a través de una campaña de Mascotas Argentinas se realizaron castraciones en una iglesia; a su vez que citó el caso de Chascomús, donde se llevó a cabo una campaña de Castración en la Escuela de Educación Técnica N° 1 y la institución notificó a los intendentes de los municipios en donde no se estaba cumpliendo la normativa vigente.
Asimismo, los veterinarios resaltaron las actas de comprobación e imputación de los inspectores del Ministerio de Agroindustria bonaerense en domicilios particulares, sociedades de fomento, jardines de infantes y clubes de barrio, en los cuales se organizaron campañas a cargo de “grupos de personas que se autodenominan proteccionistas, violando todas las reglas del bienestar y maltrato animal, hecho que las verdaderas entidades proteccionistas tratan de combatir”.
“El decreto ley provincial 9686/81 establece que todo tipo de cirugías en animales deben ser realizadas por profesionales veterinarios y su infracción es una clara violación al artículo 247 del Código penal. Además, la ley provincial 13.979 fija que las castraciones quirúrgicas masivas serán realizadas en los centros de zoonosis y/o antirrábicos municipales y provinciales”, explicaron los profesionales.
“Este conflicto social requiere de la activa participación de las autoridades sanitarias locales, quienes deben acompañar el proceso, hacer cumplir la normativa vigente y, así salvaguardar la salud pública y el bienestar animal”, concluyeron.
