Mundo Profesional
En un comunicado difundido recientemente, la Confederación General de Profesionales de la República Argentina (CGP) declaró el estado de alerta, movilización y emergencia del ejercicio profesional en todo el territorio nacional. La decisión surge como respuesta a lo que consideran una serie de embates sistemáticos por parte del Gobierno Nacional contra los profesionales, sus organizaciones representativas y el marco legal que regula su actividad en todas las disciplinas.
El documento manifiesta un enérgico rechazo a proyectos de ley y resoluciones ministeriales que, bajo el argumento de desregular y reducir costos, buscarían imponer un esquema que socava derechos constitucionales, promueve la anomia regulatoria y compromete cuestiones de interés público como la salud, la educación, la justicia, la seguridad y el medioambiente.
Uno de los ejes centrales del reclamo es la defensa del régimen federal y del rol de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en la regulación del ejercicio profesional. La CGP remarcó que la Constitución Nacional reserva exclusivamente a las jurisdicciones provinciales el gobierno y control del ejercicio de las profesiones reguladas por el Estado, invalidando toda iniciativa del Congreso o del Poder Ejecutivo Nacional en ese sentido.
Desde la entidad consideran que cualquier intento de centralizar este control desde el Gobierno Federal resulta inconstitucional y afecta directamente a las funciones de los Colegios y Consejos Profesionales, los cuales —por mandato legal— actúan como entes públicos no estatales en la habilitación, fiscalización y capacitación de los profesionales.
El pronunciamiento también destaca la función social de los Colegios y Consejos, no sólo en la defensa del ejercicio legal y ético de las profesiones, sino también como garantes de calidad, idoneidad y formación continua. Esta estructura, aseguran, beneficia directamente a toda la sociedad al asegurar servicios profesionales seguros, éticos y respaldados legalmente.
La CGP advirtió que la desregulación propuesta por el Gobierno pone en riesgo estos mecanismos, lo cual no sólo afectaría a los profesionales en su práctica cotidiana, sino también al conjunto de la ciudadanía, al comprometer la trazabilidad y el control de la calidad en áreas clave de la vida pública.
Como parte de su Plan de Acción 2025-2027, la CGP convocó a articular con otros sectores de la sociedad civil, organizaciones de trabajadores, empresariales, cooperativas y el sistema educativo, tanto universitario como no universitario. El objetivo es generar el mayor consenso posible para resistir cualquier medida que implique un retroceso en términos de regulación, control ético y garantía de derechos en el ejercicio profesional.
Finalmente, la entidad instó a los representantes políticos a defender la legalidad, el interés público y el bienestar general, advirtiendo que cualquier descalificación a estas demandas será interpretada como una expresión de quienes buscan imponer la ilegalidad y el descontrol.
La declaración de alerta y emergencia marca un punto de inflexión en el vínculo entre los profesionales y el Gobierno Nacional, y anticipa un escenario de creciente conflictividad si no se abren canales de diálogo que respeten el federalismo y el rol de las entidades profesionales en la vida institucional del país.
El comunicado lleva la firma de Ezequiel de la Torre y Silvina Dinerstein presidente y vice de la CGP RA, de Alejandro Aníbal Terriles, presidente del Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires; Nicolás A. Kletzky, presidente del Co.P.E.R.; Guido Beltrami, presidente del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Zona Andina de Río Negro; Alicia Rotela, presidenta de APBA; Natalia “Lucila” Castro, presidenta de FAAPSS y Ana Clara Cañabate, presidenta del CPZAVE, entre otros representantes de entidades profesionales, aunque se espera que se sigan sumando referentes de todos los puntos del país.
