Mundo Profesional
La Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social (FAAPSS), entidad que agrupa a todos los Colegios y Consejos profesionales del Trabajo Social en el país, emitió una carta abierta expresando su preocupación y oposición al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 y a la Ley «Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», conocida como «Ley Ómnibus». En el documento, la FAAPSS destaca que estas propuestas, de ser aprobadas, derogarán o modificarán leyes previamente discutidas y aprobadas por el Poder Legislativo, socavando así el proceso democrático.
La FAAPSS argumenta que cualquier modificación legislativa debería llevarse a cabo mediante un proceso de debate profundo en el Congreso, que permita abordar las necesidades y reclamos sociales. La entidad sostiene que la propuesta del Poder Ejecutivo impactará negativamente en personas y grupos que el Estado debe proteger prioritariamente, vulnerando derechos humanos y desconociendo estándares constitucionales y convencionales.
El comunicado destaca áreas específicas de preocupación, como la vivienda digna con la derogación de la ley de alquileres, el acceso a la salud con la liberalización de las prepagas y obras sociales, así como los derechos laborales y sindicales con reformas en ambas áreas. Además, señala la eliminación de normativas que respaldan a instituciones culturales y científicas, generando un acceso restringido a la cultura y amenazando la ciencia nacional.
La FAAPSS también resalta el impacto negativo en el tejido social, denunciando recortes a sectores vulnerables, como jubilados/as y medidas que afectan la niñez, adolescencia, violencia de género, salud mental y programas de género y disidencias. La carta abierta concluye con un llamado al Poder Legislativo para rechazar estas medidas, subrayando la responsabilidad colectiva de proteger los derechos del pueblo argentino. La FAAPSS insta a los legisladores y legisladoras a considerar el profundo rechazo que estas modificaciones generan en la sociedad y a salvaguardar los principios de justicia social, derechos humanos y diversidad que sustentan la profesión del Trabajo Social.
