Mundo Profesional
Un nuevo proyecto presentado por el oficialismo en el Congreso de la Nación pone en alerta a miles de profesionales de todo el país. Impulsado por la diputada nacional Marcela Pagano de La Libertad Avanza, la iniciativa busca eliminar los Colegios Profesionales tal como se los conoce hoy, reemplazando las matrículas provinciales por un Registro Nacional en manos del Ministerio de Capital Humano.
La medida ya cosechó un fuerte rechazo de entidades profesionales y amenaza con romper un sistema consolidado desde hace décadas en el ejercicio profesional argentino.
El proyecto, que lleva la firma de Pagano pero representa los lineamientos ideológicos del gobierno de Javier Milei, plantea como objetivo “desregular la actividad de los profesionales universitarios y no universitarios”, eliminando la obligatoriedad del pago de tasas, matrículas o contribuciones impuestas por los colegios, asociaciones o consejos profesionales. En su lugar, propone la creación de un Registro Nacional de Profesionales, gratuito, que autorice el ejercicio profesional en todo el territorio sin necesidad de colegiación.
Lejos de tratarse de una mera simplificación administrativa, el planteo abre un serio conflicto institucional. En Argentina, los colegios profesionales tienen una raíz profundamente federal, con funcionamiento provincial y autonomía regulada por leyes locales. No se trata solo de entidades gremiales: en muchos casos, como en salud, ingeniería o higiene y seguridad, poseen facultades delegadas por el Estado para regular el acceso a la profesión, controlar la ética profesional, aplicar sanciones y proteger a la ciudadanía. Su eliminación, o desfinanciamiento, implica un vaciamiento funcional del rol regulador del Estado a nivel territorial.
En nombre de la “libertad de ejercer”, el proyecto enmascara un avance más sobre los marcos institucionales que sostienen la calidad y la responsabilidad profesional en áreas sensibles. La diputada Pagano sostiene que el nuevo sistema garantiza “igualdad de oportunidades”, pero omite que los colegios, lejos de ser estructuras burocráticas, son órganos fundamentales para asegurar estándares técnicos y éticos, por lo que su debilitamiento puede derivar en una profesionalización sin control ni resguardo del interés público.
El Colegio de Profesionales en Higiene y Seguridad fue uno de los primeros en expresar públicamente su rechazo, anticipando lo que se prevé como una ola de repudios de entidades en todo el país. En los próximos días, distintas federaciones profesionales impulsarán un comunicado conjunto para advertir sobre el riesgo de desmantelar el sistema colegiado nacional.
El proyecto se inscribe en una política más amplia de desregulación generalizada que impulsa el gobierno de Milei, en línea con los decretos de necesidad y urgencia y la Ley Bases. Esta vez, el blanco son los profesionales, a quienes se pretende dejar librados a un registro sin costo, sin control y sin comunidad profesional organizada.
En un contexto donde se repite el mantra de “achicar el Estado”, eliminar los colegios equivale a debilitar el control de calidad profesional, precarizar derechos y convertir a los profesionales en simples prestadores de servicios sin respaldo institucional. Más allá de cualquier reforma modernizadora, esta propuesta representa un retroceso en términos de soberanía profesional y protección de la ciudadanía.
