Mundo Profesional
La muerte de un operario en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, volvió a poner en primer plano una problemática que el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) viene denunciando desde hace años: la falta de control técnico efectivo en la prestación del servicio eléctrico y el incumplimiento de normas básicas de seguridad.
El trabajador, que se desempeñaba para una empresa contratista de EDESUR S.A., falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas en la vía pública. El hecho, actualmente bajo investigación, no es para el Colegio un episodio aislado, sino la consecuencia de una cadena de irregularidades que se repiten tanto en áreas concesionadas por empresas privadas como en cooperativas del interior bonaerense.
Desde la institución que preside Jorge Castellano advierten que, desde al menos 2015, se vienen señalando incumplimientos sistemáticos a las leyes provinciales que regulan el ejercicio de la ingeniería. Estas normas establecen con claridad que toda actividad vinculada a obras y servicios eléctricos debe contar con la intervención de profesionales ingenieros matriculados, debidamente declarados ante el Colegio.
Sin embargo, en muchos casos esta exigencia es eludida. La consecuencia directa es la ejecución de trabajos sin el debido respaldo técnico, lo que incrementa los riesgos tanto para los trabajadores como para la comunidad. “La presencia de profesionales no es un requisito administrativo, sino una garantía básica de seguridad pública”, sostienen.
En paralelo, el Colegio presentó recientemente un documento ante el OCEBA en el que advierte sobre cooperativas eléctricas que operarían sin designar representantes técnicos ingenieros. Casos como los de Orense, Pigüé, Claromecó y Coronel Pringles reflejan una interpretación errónea de la normativa, que desconoce la obligatoriedad de contar con conducción técnica profesional permanente.
El planteo también alcanza a las empresas prestatarias y sus contratistas, entre ellas EDESUR y su contratista ARGENENERGY S.A., sobre las cuales el Colegio ya inició acciones legales por la ejecución de tareas sin la debida intervención de ingenieros en áreas críticas como higiene y seguridad, proyecto y dirección de obra.
Para el CIPBA, la falta de control por parte de los organismos competentes, como el propio OCEBA y el ENRE, agrava el problema. Si bien el tono institucional se mantiene, el malestar por la falta de respuestas concretas es evidente. La reiteración de reclamos sin si quiera merecer la debida atención ni correcciones efectivas por partes de los entes de contralor configura un escenario donde los riesgos dejan de ser potenciales para convertirse en hechos trágicos.
La distribución de energía eléctrica es una actividad intrínsecamente riesgosa. Redes, transformadores y líneas aéreas en la vía pública requieren supervisión técnica constante para evitar fallas que puedan derivar en electrocuciones, incendios o daños materiales. La ausencia de responsables técnicos identificables compromete la calidad del servicio, poniendo en cabeza de los responsables políticos que desoyen los reclamos cualquier responsabilidad ante incidentes de este estilo.
“El respeto por el ejercicio profesional no es una nimiedad”, remarcan desde el Colegio. Por el contrario, constituye una condición indispensable para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores.
La muerte ocurrida en Monte Grande, además de una tragedia para la familia del operario fallecido, pasa a ser una una señal de alerta mas. El CIPBA insiste en que sin controles efectivos y sin el cumplimiento estricto de la normativa vigente, las consecuencias fatales pueden multiplicarse. La advertencia está planteada: sostener el actual nivel de desregulación implica asumir riesgos que impactan directamente sobre la vida de miles de bonaerenses.
