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El presidente del CIPBA, Norberto Beliera explicó que el proyecto también deja «un vacío legal en relación a períodos de carencia, que estaban citados en la legislación vigente» y que son fundamentales a la hora de determinar el uso de agroquímicos en áreas periurbanas.
Resaltó además la necesidad de «indicar que los municipios en su Código de Ordenamiento Territorial deberán establecer los límites del Área Urbana a fin de poder implementarse de modo efectivo la presente norma» y reclamó que se detalle «específicamente a que productos se refiere en el caso de fertilizantes y otros plaguicidas, comprendidos dentro de la ley».
Beliera hizó hincapie en las incumbencias que deberían tener los profesionales que actúen como fiscalizadores, y en ese sentido indicó que «el Asesor agronómico deberá ser un Ingeniero Agrónomo o similar matriculado en este Colegio». Además pidió que el proyecto deje en calro que los ingenieros intervinientes en el marco de la nueva ley deberán «mantener vigente su matricula en el Colegio para ejercer su profesión y estar habilitados confeccionar receta agronómica de cualquier producto fitosanitario, fertilizantes y otros plaguicidas».
En coincidencia con la posición de varias organizciones ambientalists, el referente de los ingenerios bonaerenses consideró que sin dejar en claro esos elementos, la nueva normativa aporta mas problemas que soluciones a la población y recordó que «todo el que fabrique, fraccione o distribuya producto fitosanitarios tiene que contar con un ingeniero agrónomo matriculado como responsable técnico de la actividad, porque esa es la garantía de buenas prácticas profesionales».
«La única forma de evitar excesos y mal uso de los agroquímicos en todos los niveles de la producción es respetando la función de nuestros matriculados, que tienen las incumbencias necesarias y son los únicos profesionales idóneos para realizar esa actividad», concluyó Beliera.
