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El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires Distrito Uno (CAUBAUNO) manifestó su preocupación y descontento tras recibir respuestas oficiales del Municipio de La Plata a una serie de consultas técnicas vinculadas con la aplicación del nuevo Código de Ordenamiento Territorial. Desde la entidad señalaron que, luego de varios meses de espera, las contestaciones recibidas resultaron insuficientes y no abordan los principales problemas que, según sostienen, presenta la normativa vigente.
Las consultas habían sido elevadas por la institución los días 6 de abril y 25 de mayo con el objetivo de obtener precisiones sobre diversos aspectos del Código y sus implicancias en la práctica profesional. Sin embargo, los documentos remitidos por las autoridades municipales, firmados por las subsecretarías de Implementación y Seguimiento del Plan de Ordenamiento Territorial y de Ordenamiento Urbano y Territorial, respondieron solo parcialmente algunos de los planteos efectuados.
Desde el CAUBAUNO indicaron que varias de las inquietudes formuladas fueron directamente omitidas, mientras que otras recibieron respuestas consideradas poco satisfactorias desde el punto de vista técnico. Asimismo, remarcaron que en ningún caso se reconocieron las dificultades operativas que, según la institución, genera la aplicación del nuevo articulado.
Para los arquitectos platenses, esta situación es consecuencia del proceso mediante el cual se elaboró y aprobó el Código. Recordaron que durante su tratamiento legislativo se avanzó mediante un procedimiento acelerado en el Concejo Deliberante, sin incorporar de manera efectiva las observaciones realizadas por los distintos actores vinculados a la actividad profesional y al desarrollo urbano.
El análisis realizado por el Observatorio del Código del CAUBAUNO concluye que la normativa presenta una concepción excesivamente teórica, orientada a alcanzar los objetivos estratégicos planteados por el Plan de Ordenamiento Territorial, pero con importantes dificultades para su implementación concreta. Según la entidad, muchas de las definiciones técnicas incluidas en el texto resultan inconsistentes o generan efectos contrarios a los objetivos perseguidos.
Entre los cuestionamientos formulados, el Colegio menciona que la intención de limitar la expansión urbana y promover la consolidación de áreas ya ocupadas termina traduciéndose en restricciones constructivas que desalientan nuevas inversiones. Del mismo modo, consideran contradictorio que se impulse el concepto de la “ciudad de los 15 minutos”, orientado a reducir la dependencia del automóvil, mientras se mantiene la exigencia obligatoria de incorporar una cochera por cada unidad funcional construida.
Otro de los puntos observados se vincula con la gestión del riesgo hídrico. Según el CAUBAUNO, el Código identifica como áreas de riesgo a casi la mitad del territorio del partido e impone fuertes condicionamientos a los desarrolladores privados, sin prever acciones equivalentes por parte del Estado. Como ejemplo mencionan las intervenciones proyectadas en el Parque Saavedra, ubicado en una zona alcanzada por estas consideraciones, donde no se contemplarían medidas similares a las exigidas a los particulares.
La institución también cuestiona que muchas de las disposiciones orientadas a mejorar la calidad ambiental se instrumenten exclusivamente a través de nuevas exigencias para quienes construyen, sin establecer incentivos que permitan compensar los mayores costos que esas obligaciones generan. A su entender, esta situación coloca a las nuevas edificaciones en una posición de desventaja frente a las construcciones preexistentes.
Más allá de los aspectos técnicos, los arquitectos expresaron preocupación por el amplio margen de discrecionalidad que, según afirman, la norma deja en manos de los funcionarios encargados de su aplicación. Consideran que esta situación genera incertidumbre en un contexto económico ya complejo para la actividad de la construcción y el sector inmobiliario.
Desde el CAUBAUNO aclararon que sus observaciones no buscan promover el desorden urbanístico ni favorecer procesos especulativos, sino compatibilizar los objetivos de planificación territorial con la realidad del mercado inmobiliario y la lógica propia de la actividad constructiva. En ese sentido, reiteraron su disposición a colaborar técnicamente en la elaboración de ajustes que permitan corregir las dificultades detectadas, incluso a través de un decreto reglamentario. No obstante, señalaron que hasta el momento esas propuestas no han encontrado respuesta por parte de las autoridades municipales.
